La movilidad internacional de trabajadores es una realidad cada vez más habitual para muchas empresas. Los desplazamientos temporales a otros países, la prestación de servicios en varios Estados y la contratación de profesionales en el extranjero plantean importantes cuestiones relacionadas con las cotizaciones, la afiliación y la determinación de la legislación de Seguridad Social aplicable.
Con el objetivo de mejorar la coordinación entre los sistemas nacionales, la Unión Europea ha aprobado el Reglamento (UE) 2026/2359, de 7 de octubre, que modifica las normas europeas sobre coordinación de los sistemas de Seguridad Social.
La reforma introduce cambios relevantes en materia de trabajadores desplazados, certificado A1, desempleo transfronterizo, prestaciones familiares y cuidados de larga duración, entre otros aspectos. Aunque el Reglamento entró en vigor el 1 de noviembre de 2026, buena parte de sus nuevas disposiciones no serán aplicables hasta el 2 de noviembre de 2028.
Para las empresas con actividad internacional y los profesionales que trabajan en varios países, conocer estas modificaciones resulta fundamental para anticiparse a las nuevas obligaciones y evitar posibles incidencias en materia de cotizaciones y Seguridad Social.
¿Qué cambia con las nuevas normas europeas de Seguridad Social?
El Reglamento (UE) 2026/2359 modifica los Reglamentos 883/2004 y 987/2009, que establecen las normas de coordinación de los sistemas de Seguridad Social de los Estados miembros.
Es importante aclarar que esta reforma no unifica las prestaciones ni las cotizaciones de los distintos países. Cada Estado mantiene su propio sistema, pero se establecen criterios comunes más detallados para determinar qué legislación debe aplicarse y qué país es responsable de reconocer determinadas prestaciones.
Entre los ámbitos afectados destacan los desplazamientos internacionales de trabajadores, la coordinación de las prestaciones por desempleo, el certificado A1 y el intercambio de información entre las instituciones nacionales.
Nuevas reglas para la movilidad internacional de trabajadores
Uno de los aspectos más relevantes de la reforma afecta a los desplazamientos temporales de trabajadores entre países de la Unión Europea. Las nuevas disposiciones refuerzan los requisitos para mantener la legislación de Seguridad Social del Estado de origen y evitar desplazamientos artificiales o sustituciones sucesivas.
Tres meses de afiliación previa para los trabajadores desplazados
A partir del 2 de noviembre de 2028, los trabajadores contratados específicamente para ser desplazados a otro Estado miembro deberán haber estado sujetos a la legislación de Seguridad Social del país donde está establecido el empleador durante, al menos, los tres meses inmediatamente anteriores a su incorporación al puesto de trabajo.
En el caso de los trabajadores autónomos, será necesario acreditar el ejercicio previo de una actividad sustancial durante un período mínimo de tres meses.
Este requisito pretende garantizar que exista una vinculación real con el Estado de origen antes de realizar el desplazamiento internacional.
Límites a las sustituciones sucesivas y a la duración de los desplazamientos
La normativa mantiene el límite general de 24 meses para los desplazamientos temporales que permiten conservar la legislación de Seguridad Social del Estado de origen.
Sin embargo, introduce mayores restricciones cuando un trabajador es sustituido por otro antes de finalizar su actividad en el país de destino. En estos casos, la duración conjunta de los desplazamientos de los trabajadores implicados no podrá superar los 24 meses.
Además, una vez agotado ese período, deberá transcurrir, como regla general, un intervalo mínimo de dos meses antes de volver a aplicar este régimen respecto al mismo país.
Estas modificaciones obligan a las empresas a mejorar el seguimiento de los desplazamientos y las sustituciones de personal.
Comunicación previa y solicitud del certificado A1
Otro cambio importante afecta al certificado A1, documento que acredita qué legislación de Seguridad Social resulta aplicable a un trabajador durante una actividad desarrollada en otro Estado miembro.
Desde el 2 de noviembre de 2028, el empleador deberá comunicar el desplazamiento a la institución competente antes del inicio de la actividad y solicitar el correspondiente certificado A1.
Si la institución no puede expedirlo inmediatamente, deberá emitir un acuse de recibo automático de la solicitud.
Existen determinadas excepciones a esta obligación, entre ellas los viajes de negocios que no impliquen prestar servicios ni entregar bienes, como reuniones, conferencias o actividades formativas. También quedan excluidas, con carácter general, determinadas actividades de hasta tres días consecutivos de trabajo dentro de un período de 30 días, salvo en el sector de la construcción.
La empresa deberá poder acreditar que cumple los requisitos para acogerse a estas excepciones.
¿Qué ocurre si se retira o rectifica un certificado A1?
La reforma establece un procedimiento específico para revisar los certificados A1 cuando otro Estado miembro cuestiona su validez.
Si la institución emisora detecta errores, deberá retirar o rectificar el certificado en un plazo de 30 días hábiles, con efectos retroactivos. Cuando existan pruebas concluyentes de fraude, la retirada o rectificación deberá realizarse sin demora.
Esta posibilidad puede tener consecuencias importantes para las empresas, ya que una modificación retroactiva del certificado puede obligar a regularizar cotizaciones correspondientes a períodos anteriores.
Por ello, resulta fundamental que la información comunicada sobre el empleador, la actividad, la duración y el lugar de trabajo sea correcta desde el inicio.
Nuevas reglas para trabajadores que desarrollan su actividad en varios países
La reforma también introduce cambios en la coordinación de las prestaciones por desempleo para personas que han trabajado en diferentes Estados miembros.
Un mes mínimo de actividad para determinar el Estado competente
Como regla general, el Estado donde se haya desarrollado la última actividad solo tendrá en cuenta los períodos de seguro o empleo realizados anteriormente en otros países cuando la persona haya completado en él un período ininterrumpido de, al menos, un mes.
Si no se alcanza ese período, la competencia podrá trasladarse al anterior Estado en el que se haya completado el mínimo exigido.
Esta modificación pretende reforzar la vinculación entre el trabajador y el sistema de Seguridad Social del país en el que solicita la prestación.
Cambios para trabajadores fronterizos y transfronterizos
La normativa introduce también un criterio de 22 semanas para determinar qué Estado debe reconocer las prestaciones por desempleo en determinadas situaciones de desempleo total.
Cuando una persona reside en un Estado distinto de aquel en el que ha desarrollado su última actividad, la competencia dependerá, entre otros requisitos, de si ha completado 22 semanas ininterrumpidas de seguro o actividad exclusivamente bajo la legislación del Estado competente.
Si alcanza ese período, la responsabilidad corresponderá, con carácter general, al Estado de la última actividad. Si no lo alcanza y cumple las condiciones establecidas, podrá corresponder al Estado de residencia.
Ampliación del período para buscar empleo en otro país
Otra de las novedades es la ampliación a seis meses del período general durante el cual una persona desempleada puede conservar su prestación cuando se traslada a otro Estado miembro para buscar trabajo.
No obstante, esta ampliación no es automática. Está condicionada al cumplimiento de las obligaciones de inscripción, disponibilidad y búsqueda activa de empleo, y no puede superar la duración total del derecho reconocido.
Otras novedades en prestaciones familiares y cuidados de larga duración
La reforma europea también introduce modificaciones en otros ámbitos de la coordinación de la Seguridad Social.
Por una parte, incorpora expresamente las prestaciones por cuidados de larga duración al ámbito de aplicación del Reglamento 883/2004. Se trata de ayudas económicas o prestaciones en especie destinadas a atender a personas que necesitan asistencia considerable para desarrollar actividades esenciales de la vida cotidiana durante un período prolongado.
Por otra parte, establece nuevas reglas para determinadas prestaciones familiares destinadas a sustituir los ingresos que se dejan de percibir durante la educación de los hijos. Estas prestaciones se reconocen como derechos individuales de la persona asegurada en el Estado competente y no generan derechos derivados para el otro progenitor.
También se refuerza el intercambio electrónico de información entre las instituciones nacionales y se modernizan los procedimientos para reclamar y cobrar deudas de Seguridad Social entre Estados miembros.
¿Cuándo entran en aplicación las nuevas normas europeas?
Aunque el Reglamento (UE) 2026/2359 entró en vigor el 1 de noviembre de 2026, sus modificaciones tienen diferentes fechas de aplicación.
Las principales fechas que deben tener en cuenta las empresas y los trabajadores son:
- 1 de noviembre de 2026: entrada en vigor del Reglamento y aplicación de determinadas disposiciones organizativas y de coordinación.
- 1 de enero de 2027: aplicación de determinados cambios relacionados con el cálculo de reembolsos a tanto alzado.
- 2 de noviembre de 2028: aplicación general de las nuevas reglas sobre desplazamientos, certificado A1, desempleo, cuidados de larga duración y prestaciones familiares.
- 2 de noviembre de 2031: fecha límite para determinadas evaluaciones de la Comisión Europea.
- 2 de noviembre de 2036: final máximo del régimen transitorio general sobre legislación aplicable para determinadas situaciones que permanezcan sin cambios.
Por tanto, las empresas disponen de un período de adaptación antes de que las principales novedades resulten exigibles.
Cómo deben prepararse las empresas para los cambios en Seguridad Social internacional
Las organizaciones que desplazan trabajadores o cuentan con profesionales que desarrollan su actividad en varios países deberían empezar a revisar sus procedimientos antes de noviembre de 2028.
Entre las principales actuaciones recomendables se encuentran la revisión de los procesos de desplazamiento internacional, la acreditación de los períodos de afiliación previa y el control de la duración conjunta de los desplazamientos y las sustituciones.
También será necesario adaptar los procedimientos de comunicación previa, solicitud del certificado A1 y conservación de la documentación justificativa.
Una gestión adecuada permitirá reducir el riesgo de errores administrativos, incidencias en las cotizaciones y posibles regularizaciones con efectos retroactivos.
Las nuevas reglas europeas de Seguridad Social exigen una mayor planificación por parte de las empresas que desarrollan actividades en diferentes países. La correcta determinación de la legislación aplicable, la gestión de los desplazamientos y la obtención del certificado A1 son aspectos que requieren un seguimiento especializado.
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