El 11 de febrero de 2025, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley para la reforma de la Ley de Dependencia y Discapacidad en España. Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias, eliminando barreras y garantizando derechos fundamentales.

La reforma introduce cambios significativos en áreas como la accesibilidad, la atención personalizada y la eliminación de trabas burocráticas.

Objetivos principales de la reforma de la Ley de Dependencia y Discapacidad

La nueva normativa se centra en varios objetivos clave:

• Acceso universal a servicios esenciales: garantizar que todas las personas en situación de dependencia tengan acceso a la teleasistencia y otros servicios fundamentales.
• Personalización de prestaciones: eliminar incompatibilidades entre diferentes ayudas, permitiendo una mayor flexibilidad y adaptación a las necesidades individuales.
• Simplificación administrativa: reducir la burocracia y agilizar los trámites para facilitar el acceso a las prestaciones.
• Mejora de la accesibilidad: establecer un marco normativo que refuerce la accesibilidad en espacios públicos y privados.
• Ampliación de derechos: reconocer y garantizar derechos adicionales para las personas con dependencia y discapacidad.

Cambios clave en la Ley de Dependencia

Ampliación de los derechos de las personas dependientes

• Acceso universal a la teleasistencia: se garantizará que todas las personas en situación de dependencia tengan acceso a este servicio sin restricciones presupuestarias.
• Mayor flexibilidad en el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD): los profesionales del SAD podrán acompañar a los beneficiarios a citas médicas y ayudar en gestiones cotidianas.
• Compatibilidad de prestaciones: se eliminan las restricciones que impedían la combinación de distintas ayudas, permitiendo una personalización mayor según las necesidades de cada usuario.
• Acceso inmediato a la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar (PCEF): se suprime el requisito de haber esperado dos años antes de poder recibir esta ayuda.
• Reconocimiento de cuidadores no profesionales: se amplía el reconocimiento de cuidadores informales, permitiendo que amigos de la persona dependiente puedan ser oficialmente reconocidos como tales.

Cambios en la evaluación económica y penalizaciones

• Exclusión de la vivienda habitual en el cálculo patrimonial: la vivienda principal del beneficiario dejará de considerarse en la evaluación económica para determinar el acceso a prestaciones.
• Eliminación de sanciones por rechazo de servicios no adaptados: no se penalizará a quienes rechacen servicios que no se ajusten a sus necesidades, como una plaza de residencia no adecuada.

Participación en el Plan Individual de Atención (PIA)

• Derecho a la participación activa: las personas dependientes tendrán garantizado el derecho a intervenir en la elaboración de su PIA, asegurando su autonomía en la toma de decisiones.
• Eliminación de recortes económicos: se suprimen las reducciones financieras en la prestación de servicios y ayudas.

Asistencia personal y procesos administrativos

• Reconceptualización de la asistencia personal: este servicio dejará de ser una prestación y pasará a considerarse un servicio, aunque su implementación dependerá de cada comunidad autónoma.
• Agilización de trámites para personas vulnerables: se establecerán procesos de urgencia para aquellos en situaciones de especial vulnerabilidad.
• Requisitos de seguridad para profesionales: los trabajadores de centros de mayores deberán presentar un certificado de delitos sexuales para reforzar la seguridad de los residentes.

Reforma en accesibilidad: un derecho garantizado en la Ley de Dependencia y Discapacidad

Creación del Fondo Estatal de Accesibilidad Universal

• Financiación para la eliminación de barreras arquitectónicas: se destinarán recursos estatales para adaptar viviendas y edificios públicos, facilitando la movilidad y autonomía de las personas con discapacidad.

Modificaciones en la Ley de Propiedad Horizontal

• Obligatoriedad de obras de accesibilidad: los edificios donde residan personas con discapacidad estarán obligados a realizar las adaptaciones necesarias.
• Subvenciones y ayudas estatales: se ofrecerán incentivos económicos para la adaptación de viviendas y comunidades de vecinos.
• Flexibilidad en los pagos: se ampliará el plazo para el abono de las cuotas destinadas a sufragar las obras de accesibilidad.

Reforma de la Ley de Discapacidad

Eliminación de discriminaciones en seguros

• Prohibición de rechazos por discapacidad: las aseguradoras no podrán negar la contratación de seguros de salud o de vida a personas con discapacidad.

Tecnología y accesibilidad

• Supervisión de la inteligencia artificial: se implementarán mecanismos para evitar sesgos discriminatorios en el desarrollo de tecnologías avanzadas.
• Prioridad en ciencia y tecnología: las personas con discapacidad serán consideradas un grupo de interés preferente en proyectos científicos y tecnológicos.

Protección de colectivos vulnerables

• Atención temprana para niños con discapacidad: se garantizará el acceso a servicios especializados desde edades tempranas.
• Refuerzo de la protección de mujeres con discapacidad: se implementarán medidas específicas en materia de salud sexual y reproductiva para este colectivo.

La reforma de la Ley de Dependencia y Discapacidad supone un gran avance en la protección de los derechos de las personas en situación de dependencia. La implementación de medidas como la ampliación del acceso a la teleasistencia, la eliminación de incompatibilidades en las prestaciones y la garantía de accesibilidad refuerzan el compromiso del gobierno con la inclusión y la igualdad de oportunidades. Sin embargo, su éxito dependerá de una adecuada aplicación y seguimiento, asegurando que los beneficios lleguen a quienes más lo necesitan.