El Real Decreto-ley 15/2025 ha vuelto a modificar el calendario previsto para la implantación de Verifactu, aplazando su entrada en vigor a 2027. Este cambio, anunciado el 2 de noviembre por el Consejo de Ministros, obliga a empresas, autónomos y asesores a revisar decisiones recientes y a reconsiderar la planificación técnica y administrativa vinculada a la digitalización de la facturación.

Aunque la prórroga aporta un respiro, no supone en ningún caso una relajación de la obligación. Verifactu llegará, y la ampliación del plazo debe interpretarse como una oportunidad para ajustar procesos con mayor rigor y sin improvisaciones.

Qué supone el nuevo calendario de implantación

El núcleo de la modificación es simple, pero con impacto directo en la planificación de todo el tejido empresarial. Las empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades deberán tener sus sistemas adaptados antes del 1 de enero de 2027, mientras que los autónomos y otros obligados tributarios dispondrán hasta el 1 de julio del mismo año.

Esta ampliación busca evitar una transición precipitada en un entorno donde todavía existen dificultades técnicas y diferencias significativas entre grandes empresas y pymes. Sin embargo, es importante subrayar que la obligación no se debilita, solo se desplaza.

Una norma vigente pero pendiente de convalidación

El nuevo calendario está aprobado mediante Real Decreto-ley, lo que implica vigencia inmediata, pero también un requisito: debe ser convalidado por el Congreso en un plazo de 30 días. Aunque lo habitual es que estas normas se validen sin grandes cambios, no deja de ser una ventana a la que conviene prestar atención. Una eventual derogación —improbable, pero jurídicamente posible— devolvería el marco temporal anterior.

Impacto en quienes ya habían modificado su situación censal

El aplazamiento afecta especialmente a las empresas que habían solicitado su alta en el SII-IVA o en el REDEME con efectos 1 de enero de 2026 para evitar una adaptación precipitada a Verifactu. Estas decisiones, tomadas con prudencia, ahora se convierten en un escenario incierto.

La paradoja de la decisión anticipada

Estos regímenes exigen periodos mínimos de permanencia y las renuncias solo pueden gestionarse en noviembre. Como el anuncio del aplazamiento llegó después, muchas empresas se encuentran ahora sujetas a regímenes que podrían no necesitar, sin posibilidad inmediata de revertir la situación.

En 2017 se habilitó un periodo extraordinario de renuncia tras un movimiento similar del Gobierno. Aunque se espera que pueda repetirse, a día de hoy no existe confirmación oficial, por lo que conviene actuar con prudencia y analizar caso por caso

Los proveedores de software mantienen sus obligaciones

Mientras usuarios y contribuyentes ganan tiempo, los desarrolladores de software no. Su obligación de adaptación venció el 29 de julio de 2025 y se mantiene sin cambios. Esto implica que muchos proveedores ya cuentan con versiones adaptadas o están ultimando actualizaciones.

Este punto es crucial para las empresas que disponen de contratos de mantenimiento o desarrollos tecnológicos a medida. Los proveedores podrían presionar para implementar versiones antes del calendario necesario para el usuario. Conviene revisar acuerdos, plazos y compatibilidades para asegurar que la adaptación se produzca de forma coordinada.

Por qué se retrasa Verifactu: una combinación de técnica y realismo

El propio Real Decreto-ley reconoce múltiples motivos que justifican el aplazamiento. La adaptación informática está siendo más compleja de lo previsto, la brecha entre diferentes tipos de contribuyentes era demasiado grande y existía el riesgo real de una implantación desigual y poco fiable.

Un retraso que no implica relajación

La Agencia Tributaria sigue enfocada en reforzar la trazabilidad de la facturación y en la lucha contra el software de doble uso. Por tanto, el retraso no debe interpretarse como un horizonte más indulgente, sino como un periodo adicional para implementar un sistema que afectará a todas las empresas sin excepción.

Qué deberían hacer las empresas y autónomos ahora

Aunque la ampliación del calendario invite a la pausa, lo más prudente es continuar avanzando. La adaptación a Verifactu exigirá revisar procedimientos, ajustar sistemas internos, preparar equipos de trabajo y coordinar la transición con proveedores tecnológicos.

Conviene revisar el estado actual del proyecto, confirmar qué versiones de software están disponibles, analizar si las decisiones censales recientes siguen siendo ventajosas y documentar internamente el avance del proceso. La anticipación permitirá llegar a 2027 sin prisas y con un sistema estable.

Un camino claro hacia la facturación digital obligatoria

La visión del Gobierno es evidente: España avanza hacia un modelo de facturación digital obligatoria donde la transparencia será el eje central. Verifactu no es un experimento ni una iniciativa puntual, sino un componente esencial en la transformación tributaria que marcará los próximos años.

La prórroga nos concede margen, pero refuerza un mensaje inequívoco: el futuro de la facturación pasa por la digitalización completa, y el cumplimiento normativo será cada vez más exigente.

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