Cataluña es la única comunidad autónoma con alto nivel económico que todavía no ha ajustado los tramos autonómicos del IRPF a la inflación. Este miércoles, el Parlament debate una propuesta de ley impulsada por Junts que pretende precisamente eso: adaptar el impuesto sobre la renta al aumento del coste de la vida. Además, la iniciativa incluye otras rebajas fiscales, como elevar el mínimo exento y aplicar una bonificación del 99% en el impuesto de Sucesiones y Donaciones. No obstante, la negativa del PSC y de sus socios de gobierno, ERC y Comuns, impedirá que la medida prospere.
Con ello, Cataluña continuará formando parte del reducido grupo de territorios que no han adoptado esta práctica. Según el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), en los últimos años diez comunidades autónomas han ajustado o suavizado los tramos del IRPF para compensar la subida de precios.
Por ejemplo, la Comunidad de Madrid aplicó esta medida en 2022 y 2023, mientras que Andalucía y la Comunidad Valenciana también introdujeron cambios para aliviar la carga fiscal. En esta última, se incrementaron los mínimos personales y familiares, así como las deducciones, mientras que Andalucía optó por deflactar los primeros tramos del impuesto.
Otras regiones con menor peso económico, como Aragón, Galicia, Canarias, Murcia o La Rioja, también han revisado su escala autonómica en los últimos años. En el caso de Navarra y el País Vasco, este ajuste se ha aplicado de forma continuada.
Expertos como Valentí Pich, presidente del Consejo General de Economistas, recuerdan que desde 2020 la inflación acumulada supera el 20%, mientras que la recaudación ha crecido cerca de un 50%. Por ello, defienden la deflactación como una herramienta eficaz para aliviar la presión fiscal sobre la clase media, especialmente en una comunidad como Cataluña, donde este esfuerzo es de los más elevados.
Junts ha situado la reducción de impuestos como uno de los pilares de su estrategia económica, con el objetivo de mejorar la competitividad y evitar la salida de talento. Su propuesta incluye una rebaja de los tipos en los primeros tramos del IRPF, especialmente para rentas bajas y medias, mediante un ajuste técnico basado en la paridad de poder adquisitivo. Aunque las reducciones son moderadas, se estima que tendrían impacto en los contribuyentes.
Asimismo, el plan contempla elevar el mínimo exento hasta algo más de 5.900 euros y aplicar una bonificación casi total en Sucesiones y Donaciones, ampliando la cobertura a situaciones que actualmente no están contempladas, como ciertos negocios heredados.
Sin embargo, todo apunta a que la iniciativa será rechazada por la mayoría parlamentaria de PSC, ERC y Comuns, que ya han presentado enmiendas a la totalidad. Una propuesta similar del PP tampoco salió adelante recientemente. Aun así, los populares ven con buenos ojos parte del planteamiento de Junts y critican que la política fiscal actual no favorece suficientemente a las rentas medias.
Desde el entorno socialista recuerdan, por su parte, que ya se introdujeron cambios en 2025 para reducir el tipo mínimo del IRPF en rentas inferiores a 33.000 euros, una medida que, según defienden, benefició a la mayoría de los contribuyentes.
(El Economista, 15-04-2026)
