El plan fiscal enviado a la Comisión Europea revela que el Gobierno tiene la intención de obligar a los ayuntamientos a mantener un superávit presupuestario, sin importar los objetivos de déficit que se les hayan establecido. Esto se debe a la reactivación de la regla de gasto, que había estado suspendida en los últimos años, y que restringe el crecimiento de los presupuestos municipales. Como consecuencia, las corporaciones locales no podrán destinar todos sus ingresos al gasto, lo que les llevará nuevamente a acumular excedentes.
En el documento, el Gobierno explica que los ayuntamientos dejarán de tener déficit a partir de 2024 y que la regla de gasto les obligará a generar un superávit cada vez mayor. «La aplicación de los límites derivados de la regla de gasto favorecerá la vuelta a posiciones de superávit presupuestario», se señala. Además, el texto destaca que «las corporaciones locales seguirán contribuyendo al cumplimiento de los compromisos adquiridos por España con las instituciones europeas», lo que significa que, a pesar de que exista un margen más amplio para el déficit, los ayuntamientos deberán seguir ayudando a reducir la deuda pública, sometiéndose a ajustes aunque sus finanzas estén equilibradas.
Este plan contradice las promesas hechas por el Gobierno a los grupos parlamentarios de permitir que los ayuntamientos utilicen todos sus ingresos. Si la recaudación sigue creciendo como se espera, estos organismos continuarán generando excedentes que aumentarán su superávit, compensando posibles desviaciones en otras administraciones. Esto ya ocurría antes de la pandemia, ya que para las corporaciones locales, la principal limitación es la regla de gasto, no el objetivo de déficit. El documento reconoce que los objetivos de estabilidad tienen poco impacto práctico para las corporaciones locales, lo que complica los argumentos del Ministerio de Hacienda para convencer a sus socios parlamentarios.
No obstante, el Gobierno asegura que el cumplimiento de la regla de gasto no impedirá que los ayuntamientos sigan «manteniendo la calidad de los servicios públicos que ofrecen y contribuyendo al crecimiento económico con sus proyectos de inversión». Para el Ejecutivo, es compatible que los ayuntamientos tengan superávit mientras continúan prestando servicios de calidad e invirtiendo.
En cuanto a las comunidades autónomas, el plan fiscal subraya que su participación es crucial para alcanzar los objetivos de consolidación fiscal. El Gobierno asegura a Bruselas que las comunidades están comprometidas con el plan, aunque no hayan sido consultadas directamente. Las autonomías, por su parte, están centradas en obtener más recursos para incrementar su gasto público, sin verse tan limitadas por las reglas fiscales nacionales.
La Autoridad Fiscal (AIReF) lleva tiempo recomendando al Gobierno que negocie este plan con las comunidades autónomas, dado que gestionan un tercio del gasto público total. Aunque el Gobierno no lo hizo, ahora depende de su colaboración para cumplir con los compromisos. Por ello, ha informado a la Comisión Europea que implementará nuevas medidas de control sobre las comunidades. Aunque no detalla mucho al respecto, el documento menciona que «se implementarán medidas que aseguren una gestión responsable de los recursos, priorizando inversiones que beneficien el bienestar ciudadano y el crecimiento económico». Esto plantea la posibilidad de que el Gobierno supervise más de cerca los presupuestos autonómicos.
(El Confidencial, 17-10-2024)
