Las repercusiones de los cinco días de reflexión que se tomó en abril el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siguen manifestándose. Este martes se tradujeron en medidas concretas del Gobierno. En aquel momento, Sánchez rompió su silencio tras una semana de especulaciones judiciales y mediáticas relacionadas con supuestas irregularidades en la actividad profesional de su esposa, y concluyó con una advertencia: «O ponemos freno a esto, o la degradación de la vida pública marcará nuestro futuro y nos condenará como país». De esta reflexión surgió el Plan de Acción por la Democracia, aprobado por el Consejo de Ministros. Este plan, compuesto por 31 medidas, busca ser implementado a lo largo de la legislatura e incluye propuestas para regular los medios de comunicación, su propiedad y financiación; cambios en la regulación de los debates y encuestas electorales; y una revisión del Código Penal en cuanto a delitos contra las instituciones del Estado y la libertad religiosa.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, destacó que el plan tiene dos objetivos principales: «fortalecer la integridad de nuestra democracia y aumentar la transparencia en el ecosistema mediático para garantizar una información veraz». El Gobierno asegura que muchas de las propuestas están alineadas con normativas de la Unión Europea, como las relativas a los medios de comunicación, inspiradas en el Reglamento Europeo de Libertad de Medios, y con la jurisprudencia europea, como en el caso de la reforma del Código Penal, que busca ajustarse a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Bolaños reconoció que muchas de las medidas requieren de iniciativas legislativas que deberán ser aprobadas tanto por el Congreso como por el Senado. Esta ambiciosa reforma llega en un momento de fragilidad parlamentaria para el Ejecutivo, aunque Sánchez ha afirmado que el Gobierno seguirá adelante «con o sin el apoyo del legislativo».
La mención de Bolaños a los medios de comunicación no es casual, ya que muchas de las medidas afectarán directamente a su funcionamiento. El Gobierno ha señalado la existencia de «pseudomedios» que difunden «bulos» y afectan negativamente la salud democrática del país. En respuesta, se ha propuesto una Estrategia Nacional contra la desinformación. Entre las acciones más relevantes para los medios, destaca la creación de un registro gestionado por la CNMC, que ampliará sus competencias, y que incluirá a los propietarios de los medios y sus fuentes de financiación. Además, se reformará la Ley de Publicidad Institucional para introducir mayor transparencia y proporcionalidad, estableciendo límites para que los medios no dependan exclusivamente de la financiación pública.
Otro aspecto clave es la implementación de nuevos estándares de medición de audiencias, con el fin de evitar la falsificación de datos, esenciales para negociar publicidad con empresas y administraciones. También se prevé una regulación que evite la concentración empresarial en los medios, la protección del secreto profesional de los periodistas y medidas contra demandas abusivas que puedan recibir en el ejercicio de su labor.
En cuanto a la reforma del Código Penal, el Gobierno revisará los delitos que limitan la libertad de expresión, como aquellos relacionados con la protección de las instituciones del Estado o la libertad religiosa. Sin embargo, los detalles sobre la profundidad de esta reforma no están claros y han generado tensiones dentro del Gobierno de coalición, especialmente en lo referente a las injurias a la Corona. También se anunció la creación de una Autoridad Independiente de Protección del Informante y la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, entre otras iniciativas.
Principales medidas del plan: Ley de Publicidad Institucional: Reforma para introducir criterios de transparencia en la financiación de los medios por parte de las administraciones públicas y evitar la falsificación de audiencias.
Ley Orgánica del Régimen Electoral: Obligará a los candidatos a participar en debates durante las campañas, exigirá la publicación de microdatos de las encuestas y reforzará la transparencia de las cuentas de los partidos y las declaraciones de bienes de los diputados.
Código Penal: Reforma integral de los delitos que limitan la libertad de expresión, especialmente en relación con las instituciones del Estado y la libertad religiosa.
Leyes sobre el derecho al honor y la rectificación: Modificación para responder de manera más efectiva a las difamaciones publicadas en medios y «pseudomedios».
Ley de Secretos Oficiales: Actualización de esta norma, vigente desde 1968, para modernizar su contenido.
Ley de ‘Lobbies’: Regulará la actividad de los grupos de presión, siguiendo el modelo de la normativa de la Unión Europea.
Ley de Seguridad Ciudadana: Reforma para eliminar las sanciones a los periodistas cuando cubren actuaciones de las fuerzas de seguridad.
Estas medidas buscan, en conjunto, modernizar y reforzar la democracia española, mejorando la transparencia, la libertad de expresión y la regulación del ecosistema mediático.
(El País, 18-09-2024)
