La Comisión Europea ha comunicado este lunes la concesión de una ayuda de 100 millones de euros a España como anticipo para contribuir a la reconstrucción de las zonas afectadas por la DANA que azotó el este y sur de la península Ibérica el pasado mes de octubre. Este fenómeno dejó un saldo trágico de 224 fallecidos y tres personas desaparecidas.
En enero, el Gobierno español presentó una solicitud de asistencia por valor de 4.404 millones de euros a través del Fondo Europeo de Solidaridad, argumentando que las inundaciones sufridas en la Comunidad Valenciana constituían una catástrofe de carácter «grave». Mientras Bruselas continúa analizando dicha petición, ha aprobado conceder de forma anticipada la cantidad máxima que permite este instrumento financiero.
La Comisión ha subrayado que este adelanto no implica un pronunciamiento sobre la cantidad total que se asignará finalmente a España. La cifra definitiva dependerá tanto de la evaluación técnica que aún está en curso como de los fondos disponibles en ese momento. Una vez completado el análisis, será el Consejo -donde están representados los Estados miembros- y el Parlamento Europeo quienes deberán aprobar formalmente la ayuda.
El Fondo Europeo de Solidaridad está diseñado para dar respuesta tanto a las necesidades inmediatas -como la habilitación de alojamientos provisionales, refuerzo de la atención sanitaria o limpieza de zonas afectadas- como a actuaciones a medio plazo. Entre los posibles destinos del dinero figuran la reparación de infraestructuras esenciales como las redes de agua y electricidad, los servicios educativos, de transporte o telecomunicaciones, así como medidas de prevención y protección de instalaciones clave.
«El impacto de la DANA en la Comunidad Valenciana ha sido devastador, con una gran pérdida de vidas humanas y numerosos daños en viviendas e infraestructuras», declaró Raffaele Fitto, vicepresidente de la Comisión Europea responsable de Cohesión y Reformas. «Nuestro compromiso con la recuperación de la región y de sus ciudadanos es firme», añadió en su comunicado.
Los Estados miembros disponen de un plazo de 12 semanas desde la fecha del desastre para tramitar este tipo de solicitudes. Una vez aprobada la ayuda, se firmará un acuerdo de financiación entre la Comisión y el Estado solicitante. Sin embargo, el proceso de evaluación puede prolongarse durante varios meses, ya que requiere una estimación precisa y detallada de los daños sufridos.
(El Periódico, 01-04-2025)
