El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este miércoles que el Ejecutivo implementará nuevas medidas fiscales dirigidas a los millonarios en España. «Vamos a imponer impuestos a quienes ya tienen suficiente dinero en el banco como para vivir 100 vidas», expresó durante su discurso de apertura del nuevo curso político. Aunque no ofreció muchos detalles, lo cierto es que el número de grandes fortunas en el país sigue en aumento.
En 2022, último año con datos disponibles, el número de personas con un patrimonio superior a los 30 millones de euros alcanzó las 852, lo que representa un incremento del 2,5% respecto al año anterior y un récord histórico, según datos publicados ayer por la Agencia Tributaria. Sin embargo, de este grupo de superricos, solo 235 pagaron el tradicional impuesto sobre el patrimonio, lo que equivale a un 27,6%, la cifra más baja de la serie histórica. En años anteriores, este porcentaje rondaba el 35%.
La razón detrás de esta disminución en la recaudación y el número de contribuyentes obligados a pagar se encuentra en las bonificaciones autonómicas implementadas por algunos gobiernos del Partido Popular, especialmente en Madrid. Estas bonificaciones llevaron al Gobierno a crear, a finales de 2022, el impuesto de solidaridad para grandes fortunas, con el objetivo de neutralizar esos descuentos.
En la actualidad, existen dos impuestos que gravan la riqueza. El tradicional impuesto sobre el patrimonio, de ámbito estatal pero cedido a las comunidades autónomas, afecta en general a aquellos que poseen una riqueza superior a 700.000 euros, excluyendo hasta 300.000 euros de la vivienda habitual. El nuevo impuesto tiene un umbral mucho más alto, a partir de los 3,7 millones de euros de riqueza neta, pero permite una deducción total si el contribuyente reside en una comunidad que mantiene el impuesto original. Esta explicación es clave para entender los detalles de la estadística actualizada por la Agencia Tributaria, que se enfoca principalmente en el impuesto sobre el patrimonio, pero también muestra los primeros efectos del nuevo gravamen extraordinario.
Según los datos, en 2022 había en España 230.365 contribuyentes obligados a declarar su riqueza, una cifra ligeramente inferior a la del año anterior. Sin embargo, solo el 80,4% de ellos, es decir, unos 185.000, pagaron el impuesto sobre el patrimonio. En otras palabras, si normalmente alrededor de 30.000 personas no pagaban debido a su residencia fiscal, en 2022 esta cifra aumentó a más de 45.000. Esto representa la menor proporción de contribuyentes en toda la serie histórica, un efecto directo de las bonificaciones autonómicas. Como resultado, la recaudación bajó: si en 2021 se recaudaron 1.352 millones de euros, en 2022 la cifra cayó en más de 100 millones.
Históricamente, Madrid era la única comunidad que bonificaba el impuesto al 100%, pero en 2022 se sumó Andalucía con una exención total. Esto permitió que 23.486 declarantes en Madrid y 12.707 en Andalucía se libraran de pagar el impuesto, lo que redujo al mínimo histórico la proporción de quienes efectivamente contribuyen, y disminuyó la recaudación que va a las comunidades autónomas.
Sin embargo, los más ricos no evitaron rendir cuentas por completo, ya que el nuevo impuesto sobre las grandes fortunas recaudó 623 millones de euros en su primer año de aplicación, principalmente en Madrid, donde se concentra la mayor parte de la riqueza del país. Ante este panorama, Madrid y Andalucía, junto con otras regiones del Partido Popular que consideraban seguir su ejemplo, han optado por recuperar en 2023 el impuesto original para retener unos ingresos que, de otro modo, irían al Estado.
(El País, 06-09-2024)
