Las solicitudes de cese de actividad de los trabajadores autónomos continúan aumentando por segundo año consecutivo. En 2024, se registró un incremento del 36% respecto a 2022, con un total de 23.961 autónomos que pidieron a la Seguridad Social la prestación por haber puesto fin a su negocio. Esta tendencia coincide con el repunte de los concursos de acreedores presentados por personas físicas con actividad empresarial, que pasaron de 5.735 en el último trimestre de 2022 a 11.972 al cierre de 2024, según el Colegio de Registradores. Estas cifras reflejan las dificultades económicas que atraviesa el colectivo de autónomos.
El motivo de fuerza mayor fue la causa más habitual para solicitar esta ayuda, con 5.311 peticiones, lo que representa un 22,2% del total. Le siguieron las causas económicas, técnicas y productivas, con 4.954 solicitudes (20,6%).
El número de autónomos que solicitan esta prestación -conocida como el «paro» de los autónomos- ha ido en aumento en los últimos años. Dejando a un lado los ejercicios excepcionales de 2020 (32.341 solicitudes) y 2021 (31.749) por el impacto de la pandemia, 2024 fue el año con más solicitudes registradas, superando en 1.299 las de 2023 y en 6.064 las de 2022, último año en el que se había producido un descenso.
La prestación por cese de actividad se hizo obligatoria en 2018, tras un acuerdo entre el Gobierno y la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), aunque no todos los profesionales la recibieron con agrado, ya que supuso un aumento en las cuotas a la Seguridad Social. En 2019, todavía eran pocos los beneficiarios (solo 3.985 solicitudes), debido a que muchos autónomos no cumplían el requisito de cotizar al menos 12 meses continuados antes de solicitarla.
Pese a su controversia inicial, esta medida se consolidó como una herramienta esencial durante la pandemia, cuando miles de autónomos se vieron obligados a cerrar sus negocios.
Actualmente, el sistema de cese de actividad está plenamente incorporado al régimen de autónomos, pero las organizaciones del sector reclaman una mejora en su acceso, ya que el 60% de las solicitudes son denegadas. Según los últimos datos de la Seguridad Social (julio de 2024), de las 8.866 peticiones recibidas, 5.405 fueron rechazadas, dejando fuera a numerosos trabajadores que habían contribuido al sistema. Esta prestación fue creada precisamente para proteger a los autónomos que cierran su negocio por causas involuntarias, como pérdidas económicas, deudas o circunstancias de fuerza mayor.
Por ello, el refuerzo del cese de actividad se ha convertido en una de las principales demandas de ATA dentro de la negociación sobre la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Tras el rechazo de la patronal a la primera propuesta del Ministerio de Seguridad Social, liderado por Elma Saiz, que planteaba subidas de cotización de entre 10 y 200 euros mensuales a partir de 2026, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha insistido en que mejorar esta prestación debe ser una prioridad.
Además, la patronal reclama al Gobierno la creación de un subsidio específico para los autónomos mayores de 52 años, un grupo especialmente vulnerable que, tras agotar las ayudas disponibles, queda sin protección y encuentra grandes dificultades para reinsertarse en el mercado laboral.
(El Economista, 20-10-2025)
