La Autoridad Fiscal ha instado a Hacienda a reformular el plan de condonación de deuda y a restringir su acceso únicamente a las comunidades autónomas que cumplan con la regla de gasto, un requisito que, en la actualidad, ninguna cumple.
El rechazo de los doce consejeros autonómicos de Hacienda del PP a la propuesta de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no fue la única crítica que recibió el plan del Gobierno para perdonar 83.200 millones de euros de deuda autonómica en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado el miércoles. Durante la reunión, la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Cristina Herrero, advirtió sobre el «enfoque parcial» del plan, los riesgos de «azar moral» que conlleva y la necesidad de que sirva para fomentar un mayor control del gasto público.
«La Airef ha recomendado que la condonación de la deuda esté sujeta a ciertas condiciones», de manera que «solo se beneficien aquellas comunidades autónomas que han respetado la regla de gasto, que es el criterio clave en las nuevas normas fiscales», reconoció Montero en la rueda de prensa posterior al CPFF. Sin embargo, la ministra puntualizó que la propuesta del Gobierno no contempla actualmente esta condicionalidad, aunque no descartó que se puedan introducir modificaciones en el trámite parlamentario si así lo solicitan los grupos políticos.
Ayer, no obstante, la Airef publicó un comunicado ampliando su valoración. La Autoridad Fiscal reconoce que la condonación de deuda podría facilitar el retorno de las comunidades autónomas a los mercados financieros y el fin de mecanismos extraordinarios de financiación como el FLA. Sin embargo, advierte que existen alternativas, como la reestructuración de la deuda, y que la prioridad debería ser una reforma integral del sistema de financiación autonómica.
En cualquier caso, Airef insiste en que cualquier condonación de deuda debe ir acompañada de condiciones fiscales por dos razones fundamentales: para evitar el problema del azar moral asociado a estas medidas y para garantizar el cumplimiento de las reglas fiscales. En este sentido, recuerda que la regla de gasto impide que las Administraciones Públicas incrementen su gasto por encima del crecimiento potencial de la economía (estimado en un 2,6% en 2024). Sin embargo, este límite se ha duplicado, y en el caso de las comunidades autónomas, el crecimiento del gasto ha alcanzado el 7%, e incluso ha superado los dos dígitos en algunas regiones. Como resultado, ninguna comunidad autónoma cumpliría actualmente con esta regla, lo que, según los criterios de la Airef, las dejaría fuera del plan de condonación de deuda.
Además, la Airef cuestiona la metodología de cálculo utilizada por Hacienda, que establece una base común para la quita y la ajusta al alza en función del nivel de endeudamiento, la infrafinanciación y el «esfuerzo fiscal» realizado a través de subidas del IRPF. La Autoridad Fiscal considera que centrarse exclusivamente en la recaudación del IRPF es un enfoque demasiado limitado y recomienda, en su lugar, evaluar el gasto computable, es decir, el gasto total menos las medidas de ingresos aprobadas. Este indicador, sostiene la Airef, permitiría medir de forma más justa los esfuerzos de las comunidades autónomas por equilibrar sus cuentas, valorando tanto las iniciativas de recaudación como la contención del gasto público.
Por otro lado, la Airef alerta sobre la necesidad de vigilar el impacto de la condonación de deuda en la contabilidad nacional, un aspecto que ya está siendo analizado por agencias de calificación de riesgo como S&P y Moody’s.
Finalmente, la Autoridad Fiscal hace una precisión clave sobre los 7.000 millones de euros en ahorro de intereses que las comunidades autónomas obtendrían gracias a la condonación. Explica que, dado que el pago de intereses no se considera gasto computable a efectos de la regla de gasto, reducir esta partida no implicaría un aumento del margen para financiar otras políticas públicas. En consecuencia, las comunidades tendrían dificultades para destinar estos fondos a áreas como la sanidad o la educación.
(Expansión, 28-02-2025)
