El pasado martes, el Gobierno aprobó in extremis aplazar la entrada en vigor de Verifactu hasta 2027, una medida que coincide con uno de los compromisos adquiridos con Junts y que las organizaciones empresariales llevaban meses reclamando sin obtener respuesta de Hacienda. A tan solo un mes de que la normativa comenzara a aplicarse a pequeñas y medianas empresas, y a medio año de que también afectara a los autónomos, el Ejecutivo decidió retrasarla en el Consejo de Ministros. Aunque la ampliación del plazo ha sido bien recibida, la decisión evidencia una notable inseguridad jurídica y pone de manifiesto la inestabilidad regulatoria a la que se enfrentan las empresas en España.
Lorenzo Amor, presidente de ATA -que llevaba solicitando este retraso desde octubre- calificó la prórroga como un «alivio» para miles de autónomos, que ya estaban desbordados «por la cantidad de cargas y trámites» que deben asumir. Una valoración similar hizo Ángela de Miguel, presidenta de Cepyme, quien consideró que la medida «va en la buena dirección y reconoce la realidad de miles de pymes y microempresas», cuyos recursos, ritmos y capacidades tecnológicas no son comparables a los de las grandes corporaciones. Desde la patronal de pymes recordaron que la situación era especialmente complicada en sectores como la hostelería o el pequeño comercio, donde se utilizan básculas cuyos tickets funcionan como facturas simplificadas, lo que obligaba a afrontar inversiones costosas en un plazo muy corto.
En cambio, desde Upta criticaron que este cambio sea una «nueva improvisación» que perjudica a los trabajadores autónomos: «Este nuevo ajuste del calendario, tras meses de anuncios y modificaciones, aumenta la sensación de improvisación, genera incertidumbre y erosiona la confianza de un colectivo cansado de decisiones que se comunican, se rectifican y se replantean sin una estrategia clara». Una postura que también comparte Ceaje, la confederación de jóvenes empresarios, que sostiene que el aplazamiento vuelve a demostrar la volatilidad normativa que acompaña muchas obligaciones fiscales y digitales. Subrayan, además, que muchas empresas habían cumplido los plazos e invertido sumas importantes, y que cambiar las reglas a pocos meses de la implementación provoca «inseguridad jurídica e inestabilidad financiera».
Los asesores fiscales de Valio Consulting lamentan que el esfuerzo dedicado a preparar a pymes y autónomos «haya sido inútil», y apuntan que este retraso solo tendrá sentido si se aprovecha para aclarar la normativa, ordenar el proceso de implantación y evitar un nuevo escenario de confusión.
Por otro lado, TeamSystem pide que se prorrogue o vuelva a activarse el Kit Digital para ayudar a las empresas a adaptarse al nuevo calendario fijado por el Gobierno. Asimismo, animan a las pymes a considerar este año adicional «como una oportunidad única para reforzar las inversiones en digitalización», y a verlo como una ocasión para mejorar la eficiencia, modernizar y automatizar procesos, acelerar los cobros y profesionalizar la gestión diaria de sus negocios.
(El Economista, 04-12-2025)
