Bruselas ha presentado su esperado conjunto de medidas energéticas para hacer frente a la crisis provocada por el conflicto en Oriente Medio, que ha impulsado al alza los precios de los combustibles. La Comisión Europea ha dado a conocer su plan denominado Accelerate EU, que incluye iniciativas dirigidas a aliviar el impacto sobre los ciudadanos, como ayudas directas, rebajas fiscales en la electricidad e incentivos para la compra de vehículos eléctricos.
El Ejecutivo comunitario propone acciones destinadas a proteger a la población frente a las perturbaciones energéticas, insistiendo en que deben ser temporales y focalizadas. Estas medidas podrán aplicarlas los Estados miembros gracias a una flexibilización de las normas sobre ayudas públicas, con el objetivo de respaldar a los sectores más vulnerables. No obstante, se ha descartado finalmente la propuesta, incluida en borradores previos, de promover un día semanal de teletrabajo.
Entre las iniciativas dirigidas a los hogares se contemplan bonos energéticos para familias con menos recursos, ayudas para sustituir sistemas de calefacción, tarifas sociales, rebajas fiscales sobre la electricidad y reducciones del IVA en tecnologías como bombas de calor, paneles solares o baterías domésticas. También se plantean incentivos fiscales para fomentar el uso del vehículo eléctrico, la prohibición de cortes de suministro en hogares vulnerables y medidas para mejorar la eficiencia energética.
La vicepresidenta de la Comisión, Teresa Ribera, subrayó que este paquete forma parte de una respuesta más amplia y que la UE está preparada para adoptar nuevas acciones si la situación empeora, destacando que el plan se articula en torno a cinco grandes ejes.
Por su parte, el comisario de Energía, Dan Jorgensen, explicó que el conflicto ha generado un sobrecoste energético de unos 24.000 millones de euros para la Unión Europea, lo que equivale a cerca de 500 millones diarios. Además, advirtió de que, en el peor escenario, las consecuencias podrían afectar al mercado europeo del gas durante varios años.
El plan, que tiene carácter orientativo y no impone obligaciones concretas, busca reforzar la coordinación entre los países de la UE en ámbitos como el almacenamiento energético, la utilización de reservas estratégicas de petróleo, la adopción de medidas de emergencia y la garantía de suministro de combustibles como el queroseno y el diésel. En este sentido, la Comisión trabajará con los Estados, proveedores y el sector aéreo para asegurar alternativas de abastecimiento y optimizar su distribución.
Asimismo, Bruselas plantea movilizar 100.000 millones de euros para impulsar la transición energética a través del Banco de Descarbonización Industrial, junto con otros 400 millones procedentes del mercado de emisiones de CO₂, destinados a apoyar la descarbonización de sectores intensivos en energía.
El transporte, especialmente afectado por el encarecimiento de los hidrocarburos tras el bloqueo del estrecho de Ormuz, es uno de los focos principales del plan. Para evitar problemas de suministro, la Comisión apuesta por una mayor coordinación entre países y la creación de un Observatorio del Combustible que supervise la producción, importaciones, exportaciones y reservas.
En el ámbito de la aviación, ante posibles escaseces de queroseno, se prevén flexibilizaciones regulatorias para hacer frente a cancelaciones de vuelos. Además, se impulsará el uso de combustibles sostenibles tanto en el transporte aéreo como marítimo producidos dentro de la UE.
Queda fuera del paquete una de las medidas más controvertidas: la imposición de un gravamen sobre los beneficios extraordinarios de las grandes energéticas. Bruselas considera que esta cuestión corresponde a cada Estado y que su aplicación a nivel europeo sería compleja al requerir unanimidad.
En materia de financiación, la Comisión destaca que aún quedan disponibles unos 219.000 millones de euros de fondos europeos sin utilizar, entre ellos los de Next Generation y cohesión, y se compromete a facilitar su movilización. Al mismo tiempo, subraya la importancia de atraer inversión privada para avanzar en la transición energética.
Finalmente, el plan contempla acelerar el desarrollo de redes eléctricas y anima al Consejo de la UE y al Parlamento Europeo a avanzar en la aprobación del paquete legislativo correspondiente. También se prepara una propuesta sobre tarifas de red y fiscalidad para favorecer que la electricidad tenga una menor carga impositiva que los combustibles fósiles.
(El Economista, 23-04-2026)
