La Comisión Europea ha comunicado al Gobierno español que la reducción del IVA aplicada a los combustibles fósiles hasta el 10% no cumple con la normativa comunitaria. Esta advertencia fue trasladada a finales de marzo mediante una carta dirigida al Ejecutivo de Pedro Sánchez, en la que se pone en duda la legalidad de esta medida adoptada para aliviar el impacto del encarecimiento de la energía tras el conflicto en Oriente Próximo.
La rebaja del IVA forma parte del paquete aprobado el 20 de marzo para hacer frente a la subida de los precios energéticos. Desde el Ministerio de Hacienda, actualmente dirigido por Arcadi España, reconocen haber recibido el aviso de Bruselas, aunque defienden que se trata de una medida temporal y excepcional. Por el momento, el Gobierno mantiene su intención de aplicarla al menos hasta el 30 de junio, sin prever cambios pese a las objeciones europeas.
No obstante, el margen de actuación es limitado, ya que España ha reducido estos impuestos hasta los mínimos permitidos por la normativa comunitaria en productos como la gasolina y el diésel, además de aplicar rebajas en otros combustibles como el gas natural, el queroseno o el fuelóleo. Esta actuación supone un coste estimado de unos 656 millones de euros, lo que deja poco espacio para nuevas reducciones.
Por su parte, la bajada del IVA implicará una pérdida de ingresos cercana a los 507 millones de euros hasta finales de junio. En total, el conjunto de medidas diseñadas para paliar la crisis energética supera los 5.000 millones de euros.
Más allá de la cuestión legal, en Bruselas preocupa que abaratar los combustibles fósiles pueda fomentar su consumo. Tanto el comisario de Energía, Dan Jorgensen, como la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, han advertido a los Estados miembros de que eviten este tipo de políticas y prioricen iniciativas que impulsen el ahorro energético y la electrificación.
En este sentido, la Comisión apuesta por medidas fiscales de carácter estructural que favorezcan la transición energética, especialmente en ámbitos como la producción eléctrica o las redes de distribución. Sin embargo, estas iniciativas se enfrentan a un contexto fiscal complicado tras las кризис de los últimos años, que han incrementado la deuda pública y reducido el margen presupuestario de los países.
En este escenario, Bruselas descarta por ahora relajar las reglas fiscales, pese a las peticiones de algunos Estados como Italia, lo que limita la capacidad de los gobiernos para aprobar nuevos estímulos sin arriesgarse a sanciones. Desde la Comisión consideran que la situación actual no justifica activar mecanismos excepcionales previstos para crisis económicas graves.
Este contexto también explica la prudencia con la que se analiza la propuesta de varios países, entre ellos España, de gravar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas. La Comisión ha confirmado que estudia esta iniciativa, aunque advierte de que este tipo de medidas no asegura ingresos inmediatos suficientes para afrontar con eficacia la crisis.
(El País, 08-04-2026)
