La Comisión Europea ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por acumular más de tres años de retraso en la transposición de la Directiva sobre condiciones laborales transparentes, y reclama una sanción cercana a los 40 millones de euros.
Bruselas solicita además que el tribunal imponga una multa diaria de 29.727,5 euros desde que se incumplió el plazo hasta que la normativa sea finalmente aprobada. Dado que la Directiva debía haberse incorporado al ordenamiento español antes del 1 de agosto de 2022, el retraso asciende ya a 1.345 días, lo que eleva la sanción acumulada a unos 39,98 millones de euros. Aun así, la Comisión deja en manos del TJUE la fijación definitiva de la cuantía, siempre que no sea inferior a 7,54 millones de euros.
Esta Directiva obliga a las empresas a proporcionar más información a los trabajadores antes de formalizar su contrato. En concreto, deberán detallar por escrito aspectos como el salario base, los complementos salariales, la forma y periodicidad de pago, así como los criterios para calcular incentivos o retribuciones variables y las condiciones para percibirlos.
Asimismo, los contratos deberán incluir una descripción clara del puesto de trabajo, el grupo profesional al que se pertenece, los horarios y turnos, las posibles modificaciones de estos, los días de vacaciones y los procedimientos para su asignación. También será obligatorio informar sobre el convenio colectivo aplicable, los planes de igualdad y, en su caso, las medidas de conciliación laboral y familiar existentes en la empresa.
En su denuncia, la Comisión recuerda que ya solicitó explicaciones a España el 21 de septiembre de 2022 mediante un requerimiento formal. El Gobierno respondió dos meses después indicando que la norma estaba en su fase final de tramitación. Posteriormente, Bruselas emitió un ultimátum el 1 de junio de 2023 para que se completara la transposición. Sin embargo, el Ejecutivo reconoció en julio de ese mismo año que no había podido avanzar debido a la convocatoria de elecciones generales.
La Unión Europea concluye que España ha incumplido su obligación de adaptar la Directiva dentro del plazo establecido. Además, pide al TJUE que, en caso de que el país siga sin aplicar la norma tras la sentencia, imponga una penalización adicional de 266.772 euros diarios hasta que se materialice su aprobación.
Por su parte, el Ministerio de Trabajo ha acelerado recientemente los trámites para cumplir con este requisito. El pasado 20 de marzo publicó el borrador de un Real Decreto sobre condiciones laborales transparentes y previsibles, abriendo un periodo de alegaciones hasta el día 30. Al tratarse de un Real Decreto, el Gobierno podrá aprobarlo directamente sin necesidad de someterlo a votación en el Congreso.
(El Economista, 07-04-2026)
