La Comisión Europea está ultimando un conjunto de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de la crisis en Irán. El plan diseñado por su presidenta, Úrsula von der Leyen, se articula en torno a cuatro ejes principales: el precio de la electricidad, los costes de las redes, la carga fiscal (impuestos y tasas) y el impacto de las emisiones de CO₂.
En su propuesta inicial dirigida a los Estados miembros, Bruselas contempla la posibilidad de que los países vuelvan a aplicar mecanismos extraordinarios, como limitar el precio de la generación eléctrica con gas o redistribuir los llamados beneficios inframarginales, tal y como se hizo durante la crisis energética de 2022. No obstante, advierte de que estas medidas deberán evaluarse individualmente y diseñarse de forma que no alteren el funcionamiento del mercado interior, no frenen la inversión en energías limpias ni incrementen el consumo de gas.
Este enfoque, analizado también en la última reunión del Ecofin, ya cuenta con el respaldo de varios países -entre ellos Alemania, Italia, España, Portugal y Austria- que han expresado su apoyo mediante una carta conjunta de sus ministros de Economía, recordando además la experiencia aplicada en la península ibérica en 2022.
Por otro lado, Von der Leyen descarta reformar en profundidad el mercado mayorista eléctrico y mantiene el modelo marginalista actual. Según explica, los expertos coinciden en que este sistema basado en precios marginales presenta ventajas generales, y numerosas voces han advertido de los riesgos de modificar su estructura básica.
En paralelo, la Comisión apuesta por impulsar los contratos bilaterales de compraventa de electricidad a largo plazo (PPA), con el objetivo de que las industrias puedan reducir su exposición a la volatilidad del mercado mayorista. Para ello, se plantea eliminar obstáculos regulatorios y fomentar su uso en la generación baja en carbono, incluso combinándolos con contratos por diferencia (CfD).
Asimismo, Bruselas prevé reforzar y flexibilizar los mecanismos de ayudas de Estado para ofrecer un apoyo más ágil a las industrias más afectadas por el encarecimiento de la electricidad. En este sentido, los gobiernos podrán compensar hasta el 80% de los costes indirectos del carbono, es decir, el sobrecoste asociado a las emisiones de CO₂.
En segundo lugar, la Comisión propone acelerar el desarrollo de infraestructuras energéticas, simplificar permisos y mejorar la flexibilidad del sistema, con el fin de que las energías renovables, más económicas, tengan mayor presencia en el mercado y contribuyan a abaratar la electricidad.
En tercer lugar, se plantea optimizar el uso de las redes actuales mediante incentivos y nuevas tecnologías, evitando inversiones innecesarias y permitiendo reducir los peajes para las industrias con alto consumo energético. En esta línea, Eurelectric sugiere reforzar el componente de potencia en la tarifa, argumentando que la mayor parte de los costes de red son fijos y no dependen del consumo. También propone potenciar peajes horarios estables que incentiven desplazar el consumo fuera de las horas punta, disminuyan la congestión y retrasen nuevas inversiones.
Por último, Bruselas prepara una reforma del mercado de emisiones que incluirá una reducción de los derechos gratuitos, pero también la creación de una reserva para estabilizar los precios. Además, se prevé lanzar un fondo de 30.000 millones de euros -equivalente a unos 400 millones de derechos de CO₂- destinado a apoyar la descarbonización industrial.
Estas iniciativas responden a la petición del Consejo Europeo, que el pasado 19 de marzo instó a la Comisión a presentar con urgencia medidas temporales específicas para hacer frente al encarecimiento de los combustibles fósiles importados, consecuencia directa de la crisis en Oriente Próximo
(El Economista, 07-04-2026)
