Bruselas dio ayer más margen al Gobierno español para acceder a las ayudas europeas, en un momento en el que el Ejecutivo se dispone a presentar la sexta petición de desembolso de los fondos Next Generation, valorada en 7.300 millones de euros. La aprobación por parte de la Comisión Europea de la adenda que simplifica el Plan de Recuperación evita al Gobierno tener que sacar adelante 17 iniciativas con rango de ley para las que no contaba con respaldo parlamentario y allana el camino para recibir la mayor parte de los recursos aún pendientes.
Tras este aval inicial, el Ejecutivo español queda ahora a la espera de la ratificación final del Consejo Europeo, que podría producirse en la reunión del Ecofin prevista para el próximo 20 de enero. Una vez obtenido ese respaldo, España podrá solicitar oficialmente un nuevo pago de 6.200 millones de euros en subvenciones y 1.100 millones en préstamos.
Gracias a la reordenación del calendario de pagos pactada con la Unión Europea tras semanas de negociaciones, al Gobierno solo le quedará una última solicitud, por un importe de 26.600 millones de euros -21.000 millones en ayudas directas y 5.600 millones en créditos-, que se tramitará a finales de 2026 como cierre definitivo del Plan de Recuperación, cuyo plazo de ejecución concluye en agosto de ese mismo año.
Si se alcanzan todos los objetivos previstos y teniendo en cuenta que España ha renunciado, mediante la adenda, a 60.455 millones de euros en préstamos blandos inicialmente asignados, el volumen total de fondos recibidos ascendería a 102.559 millones de euros, de los cuales 79.854 millones serían transferencias no reembolsables y 22.705 millones corresponderían a financiación en forma de créditos.
No obstante, ya hay 1.126 millones de euros bloqueados por incumplimientos que España podría acabar perdiendo: 460 millones por no igualar la fiscalidad del diésel y la gasolina, 626,6 millones por no ajustarse a la normativa europea sobre empleados públicos interinos y 40 millones por no completar la digitalización de las administraciones autonómicas y locales.
Aunque estos compromisos deben resolverse antes de que finalice enero, la Comisión Europea ha aceptado flexibilizar muchos otros requisitos para facilitar la llegada de los fondos. En este sentido, la adenda reduce de 259 a 193 los hitos pendientes, tras reformular 160 actuaciones, eliminando numerosos objetivos intermedios y simplificando el resto.
La revisión del Plan de Recuperación, alineada con las directrices de la propia Comisión para optimizar el uso de los recursos destinados a mitigar los efectos de la crisis del Covid, busca en gran medida evitar que el Gobierno tenga que seguir impulsando reformas legislativas en un Parlamento con apoyos cada vez más limitados. En concreto, la adenda permite prescindir de 17 reformas con rango de ley, según explicó ayer el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ante la Comisión Mixta para la Unión Europea del Congreso. Entre ellas figuran la Ley de Industria, la ley del suelo, la del cine, la de modernización de la pesca, la de universalidad del sistema sanitario o la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Algunas han sido reemplazadas por medidas alternativas y otras, según señaló el ministro, seguirán formando parte de la agenda del Ejecutivo, aunque ya no condicionan la percepción de las ayudas.
La adenda fundamenta la modificación de tres medidas en el impacto de la inflación; de 38 en la escasa demanda y número de solicitudes; de 23 en problemas de suministro y obstáculos técnicos; de 21 en la existencia de opciones más eficaces y de 72 en la necesidad de reducir la carga administrativa.
(Expansión, 18-12-2025)
