El más reciente informe del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre opinión pública y política fiscal pone de manifiesto una percepción generalizada de injusticia en el sistema tributario español. De acuerdo con los datos difundidos este martes, el 78,9% de los participantes considera que los impuestos no se distribuyen de manera justa, mientras que únicamente un 19,1% piensa que quienes tienen mayores ingresos aportan lo que les corresponde. Esta percepción va acompañada de un alto grado de desconfianza: el 90,1% cree que existe un nivel elevado de fraude fiscal, y el 53,5% opina que las autoridades hacen poco o nada por combatirlo.
El estudio, basado en 4.004 entrevistas realizadas entre el 7 y el 16 de julio, ofrece otras cifras significativas. Cerca del 80% opina que defraudar a Hacienda equivale a engañar al conjunto de la ciudadanía, y un 62% siente que recibe menos en servicios públicos de lo que aporta en impuestos. Esta sensación contrasta con estimaciones como las del centro de estudios Fedea, que señala que el 60% de los hogares con menos ingresos reciben más de lo que contribuyen al sistema.
El informe también revela dudas sobre la relación entre los impuestos y la calidad de los servicios públicos. Aunque el 54,4% reconoce que los tributos son necesarios para mantener estos servicios, un 58% considera que los beneficios sociales derivados de lo recaudado son escasos. En cuanto a la asignación del gasto público, predomina el escepticismo: un 80% cree que se invierte poco en ciencia y tecnología, y un 77,1% considera insuficiente la financiación de la sanidad. La vivienda, una de las principales preocupaciones actuales, también destaca: un 84,5% opina que se destinan muy pocos recursos a esta área.
Por otro lado, en el contexto de presión de la OTAN y la Unión Europea para aumentar el gasto en defensa, un 23,6% de los encuestados piensa que se asignan demasiados fondos a este ámbito, seguido de un 13,8% que considera excesiva la inversión en protección por desempleo y un 13,2% que opina lo mismo sobre las infraestructuras. En una escala del 0 al 10, donde 0 representa la preferencia por mejorar los servicios públicos aunque se paguen más impuestos, y 10 prioriza pagar menos aunque eso implique menos servicios, la media se sitúa en 4,48. Un 18,1% se inclina totalmente por la primera opción, un 30,2% se ubica en el punto medio, y un 6,6% en el extremo de pagar menos impuestos.
El estudio también pone en evidencia un acuerdo generalizado sobre la existencia de desigualdades estructurales en el país. Un 49,4% de los encuestados considera que existen «grandes desigualdades», y una mayoría señala que factores como el origen familiar, las conexiones personales o la suerte influyen tanto o más que el esfuerzo propio en el ascenso económico.
En otra escala del 0 al 10, donde 0 implica que la situación económica depende solo del esfuerzo y la valía profesional, y 10 señala que depende principalmente de factores externos como el entorno familiar o los contactos, la puntuación media es de 5,41. Un 16,3% se sitúa en el extremo del mérito personal, un 17,4% opta por una posición intermedia, y un 12,8% se decanta por la influencia predominante de los factores externos.
En lo que respecta a la actitud hacia el pago de impuestos, los españoles muestran exigencia consigo mismos: el 58,5% se define como «bastante consciente y responsable», y un 33,9% se considera «muy consciente y responsable». Sin embargo, la percepción sobre el comportamiento del resto de la población es más crítica: solo un 6,3% cree que la ciudadanía en general es «muy responsable» en sus obligaciones fiscales.
(El País, 30-07-2025)
