La patronal ha publicado este jueves su primer comunicado conjunto desde las últimas elecciones en Cepyme, para expresar su rechazo frontal al Proyecto de Ley que plantea reducir la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales. Esta respuesta se produce tras las declaraciones de la ministra de Trabajo, quien se mostró dispuesta a introducir medidas contra el absentismo laboral durante la tramitación del texto en el Congreso. Tanto la CEOE, presidida por Antonio Garamendi, como Cepyme, liderada por Ángela de Miguel, reiteran su oposición a modificar por ley el tiempo máximo de trabajo y apelan a los partidos políticos para que detengan esta reforma. Además, reconocen haber mantenido contactos privados con diversas formaciones para impulsar la presentación de enmiendas a la totalidad del proyecto.
Los empresarios critican con dureza lo que consideran una «manipulación» por parte del Ministerio de Trabajo para justificar una propuesta que, según ellos, responde exclusivamente a compromisos políticos y supone una injerencia directa en la negociación colectiva. En concreto, cuestionan el contenido de la memoria económica que acompaña al proyecto legislativo, acusando al equipo de Yolanda Díaz de ofrecer una visión parcial y sesgada de sectores como Agricultura, Ganadería y Pesca, Hostelería y Comercio. Denuncian que se minimizan las dificultades reales de estas actividades, especialmente el problema de vacantes, que se vería agravado por una reducción de jornada.
CEOE y Cepyme subrayan especialmente el perjuicio que podría generar esta medida entre las pequeñas y medianas empresas, justo después de que Garamendi respaldara la candidatura que ha ganado la presidencia de Cepyme. Apuntan que entre 2019 y 2024 el crecimiento del tejido empresarial ha sido prácticamente nulo (apenas un 0,1%), y que, en ese tiempo, han desaparecido miles de micropymes: un 1,4% menos en empresas de 1 a 9 empleados, una caída del 1,6% en Hostelería, del 4,8% en Agricultura, Ganadería y Pesca, y del 7% en Comercio. En total, aseguran que se han perdido unas 25.500 empresas en estos tres sectores en los últimos cinco años.
Ante este panorama, las organizaciones empresariales lanzan un nuevo llamamiento a los grupos parlamentarios para que presenten enmiendas antes de que se cierre el plazo y se establezca una fecha para el debate a la totalidad. CEOE y Cepyme, que participaron en una negociación que se prolongó durante más de diez meses, advierten del «peligro» de legislar en materia laboral sin contar con las empresas ni respetar el papel de la negociación colectiva. Insisten en la necesidad de trasladar a la ciudadanía una visión realista de la situación, ya que consideran que el Gobierno ha distorsionado el debate y que las consecuencias negativas también las sufrirán los propios trabajadores.
La memoria económica del Ejecutivo, que algunos centros de estudio han calificado de insuficiente, calcula que la reducción de jornada de 40 a 37,5 horas podría implicar un aumento del 7% en los costes laborales. Aunque la ministra sostiene que el impacto medio será del 2,2%, es decir, la mitad del último aumento del Salario Mínimo Interprofesional, la patronal sostiene que esta estimación no refleja fielmente la realidad que enfrentan muchas empresas. En particular, destacan el caso de aquellas que trabajan con contratos públicos, cuyos precios no pueden actualizar, y que podrían asumir un coste adicional total de hasta 1.300 millones de euros.
(El Economista, 30-05-2025)
