Durante la comparecencia ante los medios, los periodistas formularon en dos ocasiones la misma pregunta mientras los 14 consejeros del PP permanecían agrupados en la escalera del Ministerio de Hacienda. Los representantes populares ofrecieron declaraciones tras su retirada en bloque de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en señal de protesta contra la condonación de la deuda. A pesar del abandono, la medida para eliminar 83.000 millones de euros de deuda fue aprobada con el respaldo de Asturias, Castilla-La Mancha y Cataluña, todas gobernadas por el PSOE.
El proceso ahora continúa y su culminación dependerá de que el Congreso apruebe la condonación mediante una ley. Posteriormente, se iniciarán reuniones bilaterales con las comunidades autónomas para que acepten formalmente la reducción de su deuda. En este punto, los dirigentes regionales deberán tomar una decisión real más allá del gesto político de haberse levantado de la mesa.
¿Rechazarán la condonación cuando sea aprobada en el Congreso? Ningún consejero respondió con un «no» rotundo. La responsable de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, evitó dar una respuesta directa y en su lugar argumentó: «Estamos en contra de la condonación. Lo que queremos es un nuevo modelo, no es un problema de deuda, sino de financiación autonómica». De este modo, Albert redirigió el debate hacia la reclamación del PP sobre la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica, pendiente desde 2014.
Uno a uno, los consejeros fueron ofreciendo sus declaraciones a los periodistas, y varios evitaron comprometerse a rechazar la condonación en el futuro. Luis Alberto Marín, consejero de Hacienda de Murcia, señaló que analizarán la situación en cada momento. Luis Ángel Agüeros, de Cantabria, afirmó que primero deberán evaluar las condiciones. Por su parte, Elena Manzano, de Extremadura, insistió en que esperarán a ver si el proceso cuenta con respaldo legal antes de tomar una decisión.
En la misma línea, la consejera valenciana, Ruth Merino, expresó que tomarán siempre la decisión que más beneficie a la Comunidad Valenciana y que, en este momento, están centrados en el debate actual. Desde el Gobierno andaluz tampoco se pronunciaron con firmeza, indicando que aún hay tiempo para evaluar la medida. Incluso la dirección nacional del PP mantiene una postura ambigua y no ha garantizado que sus gobiernos autonómicos rechacen la condonación una vez se formalice.
La única posición tajante la expresó Baleares. Su consejero, Antoni Costa, aseguró que su comunidad no aceptará la condonación, aunque sí participará en las reuniones bilaterales. La Comunidad de Madrid, por su parte, amenazó con emprender acciones legales contra la normativa.
La vicepresidenta María Jesús Montero detalló que el próximo paso será la convocatoria de reuniones bilaterales con cada comunidad autónoma para evaluar su situación financiera, dado que el nivel de endeudamiento varía significativamente entre ellas. Mientras tanto, el Gobierno deberá iniciar el proceso legislativo en el Congreso, ya que la condonación requiere la aprobación de una ley orgánica. Si la norma supera el trámite parlamentario, Hacienda deberá reunirse nuevamente con las comunidades para formalizar los acuerdos o, en su defecto, permitir que aquellas que lo deseen rechacen la medida, dado su carácter voluntario.
«Una vez aprobada la ley, serán las comunidades las que decidirán si se les aplica; podríamos apostar a que la aceptarán», declaró Montero en rueda de prensa. Según la ministra, los consejeros del PP abandonaron la reunión porque no se atreven a oponerse abiertamente a una medida que les beneficia. Recordó que, sin su presencia, el CPFF no habría podido constituirse, lo que indica que su retirada fue más un acto de protesta que una verdadera estrategia para frenar la condonación.
Montero acusó al PP de actuar con «cobardía» y de mantener una postura contradictoria, ya que, según ella, los populares han defendido durante años una condonación de deuda para las comunidades. «Cuando el Gobierno tiene la valentía de proponerlo, ellos se marchan. Increíble», concluyó. También criticó que los gobiernos autonómicos del PP no hayan presentado una propuesta concreta para reformar el sistema de financiación y que ni siquiera tengan una postura unificada al respecto. «El PP se comporta como el perro del hortelano: ni hace ni deja hacer», sentenció Montero, calificando la actitud de las comunidades del PP como un «esperpento» y una «deslealtad histórica».
(El País, 27-02-2025)
