El Gobierno exigirá a las empresas un salario mínimo de 36.255 euros anuales para conceder la tarjeta de residencia a los trabajadores altamente cualificados que contraten fuera de la Unión Europea, con una duración inicial de tres años prorrogables. Para otorgar permisos de residencia a trabajadores muy cualificados procedentes de fuera de la Unión Europea, el Gobierno ha establecido un salario mínimo de 36.255 euros brutos anuales por trabajador.
Esta cifra, según la memoria económica del proyecto de orden ministerial, representa 1,4 veces el salario medio bruto de los trabajadores españoles, que es de 25.896,82 euros. El proyecto está siendo desarrollado por los Ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Economía, Comercio y Empresa; Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; y el Ministerio del Interior.
El documento al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, indica que este umbral salarial busca ser moderado y equilibrado para no convertirse en una barrera de entrada para las empresas ni en una discriminación por salario bajo para los trabajadores, y así no afectar la competitividad empresarial. Según la Encuesta de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística, el salario medio bruto anual en España es de 25.896,82 euros, mientras que el salario mediano es de 21.638,69 euros y el salario más frecuente es de 18.502,54 euros brutos anuales.
El Gobierno ha fijado el salario de referencia de 36.255 euros anuales para contratar trabajadores extranjeros cualificados y otorgarles una tarjeta de residencia por tres años, prorrogable si la empresa lo solicita y se mantienen las condiciones del contrato. Se requiere una oferta firme de empleo con el salario citado o superior, y que los trabajadores demuestren una cualificación derivada de una enseñanza superior de al menos tres años, equivalente al marco español de cualificaciones para la educación superior. El objetivo es asegurar que se conceda la residencia a profesionales cualificados y no se utilice como una vía irregular de entrada al país.
No obstante, la directiva comunitaria permite que, para determinados trabajadores como juristas, profesores, personal directivo, periodistas, músicos o escultores, el umbral salarial pueda reducirse al 80% de la cifra establecida, sin que en ningún caso sea inferior al salario medio bruto de 25.896,82 euros anuales.
(Expansión, 17-06-2024)
