El impacto que tendrá el envejecimiento de la población sobre el gasto público en España se sitúa, por primera vez, entre los principales riesgos para la economía nacional a corto y medio plazo. Así lo señala el último informe de riesgos globales del Foro Económico Mundial de Davos, publicado recientemente. El estudio, basado en la Encuesta de Opinión Ejecutiva 2025, en la que IESE Business School colabora como socio en España, recoge en su edición de 2026 que la calidad de los servicios públicos figura como la tercera mayor inquietud entre los participantes.
Entre las cinco principales amenazas a corto plazo identificadas para España, la más destacada es la creciente polarización política y social, muy por delante de los riesgos estrictamente económicos. El Foro alerta de que esta situación dificulta la toma de decisiones y erosiona la confianza ciudadana en las instituciones. Los recientes episodios de confrontación política, marcados por el enfrentamiento entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la oposición encabezada por Alberto Núñez Feijóo junto a varios dirigentes autonómicos, reflejan cómo el comportamiento de los líderes influye en una sociedad cada vez más desconfiada de sus instituciones.
En el ámbito económico, la segunda gran preocupación señalada por los expertos es la falta de profesionales cualificados. A pesar de que España mantiene una de las tasas de desempleo más elevadas de Europa, especialmente entre los jóvenes, con niveles aún superiores al 25%, el mercado laboral no logra cubrir la demanda de perfiles especializados.
El informe de Davos apunta a un desequilibrio estructural entre el talento disponible y las competencias que exige la transición ecológica y digital, un problema que no puede resolverse únicamente mediante reformas laborales y que requiere programas específicos de formación y adaptación.
En tercer lugar, los directivos consultados destacan las deficiencias en los servicios públicos y en los sistemas de protección social, que incluyen áreas clave como la sanidad, la educación, las pensiones y las infraestructuras. El documento atribuye este deterioro a lo que denomina una «recesión» del estado del bienestar, caracterizada por una pérdida de calidad institucional, menor seguridad jurídica y un debilitamiento del contrato social en el conjunto de los países de la OCDE. Este diagnóstico pone en cuestión la ambición social del Gobierno y limita, al mismo tiempo, su margen de actuación en política fiscal.
La elevada carga de deuda, tanto de las administraciones públicas como del sector privado y los hogares, figura también entre los cinco principales focos de riesgo. El Foro advierte de que este nivel de endeudamiento podría convertirse en un obstáculo importante en caso de producirse un nuevo shock económico, al reducir la capacidad del Estado para amortiguar sus efectos.
Cierra la lista de amenazas a corto plazo la escasez de oportunidades económicas y el desempleo, un problema estructural de la economía española que, según el informe, se ve agravado por la polarización política y el creciente descontento de las clases medias.
(El Economista, 15-01-2026)
