La tramitación parlamentaria del proyecto de ley que contempla la reducción de la jornada laboral máxima, la reforma del registro horario y el refuerzo del derecho a la desconexión digital sigue sin avances en el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo continúa a la espera de asegurar los apoyos necesarios para sacarlo adelante. No obstante, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este miércoles que el texto será sometido a una primera votación antes de que finalice el verano.
«Habrá debate antes de que termine el periodo de sesiones, ya nos conocen, ese debate se va a celebrar», afirmó Díaz durante la presentación de la campaña de la Inspección de Trabajo para hacer frente a las olas de calor. La ministra aludía así a la previsión de llevar al pleno, previsiblemente en julio, el debate de totalidad del proyecto, en caso de que se registren enmiendas en ese sentido.
Aunque el calendario parlamentario oficial concluye en junio, el Gobierno contempla convocar una sesión extraordinaria en julio. Según fuentes sindicales, este pleno sería el escenario idóneo para abordar el texto legal. Mientras tanto, el plazo para presentar enmiendas al articulado se ha prorrogado ya en cuatro ocasiones, la última esta misma semana, una estrategia habitual para ganar tiempo en procesos legislativos complejos.
El desbloqueo del proyecto, sin embargo, depende del cierre de acuerdos parlamentarios suficientes que garanticen su aprobación. Para ello, Yolanda Díaz ha iniciado una nueva ronda de contactos con los diferentes grupos del Parlamento. Aunque no ha revelado detalles concretos, sí ha valorado positivamente los encuentros, calificándolos de «muy fructíferos». La ministra ha confirmado que continuará con las reuniones la próxima semana con partidos como el PP y Junts, formación esta última especialmente crítica con la medida.
Pese a que Junts mantiene su oposición frontal al texto -y, según fuentes negociadoras, planea presentar una enmienda a la totalidad-, Díaz ha adoptado un tono conciliador hacia el partido catalán, al que ha elogiado por su postura de defensa de las pequeñas y medianas empresas, incluso por encima de la actitud de la patronal. En palabras de la ministra, Junts está mostrando una «actitud legítima» al posicionarse en defensa del tejido empresarial más vulnerable frente a una CEOE que, según ha denunciado, no ha presentado propuestas ni asumido responsabilidades durante los once meses de diálogo social.
Pese al rechazo actual de Junts, Díaz ha reivindicado su modelo de negociación con formaciones que, aunque críticas, actúan con una visión de interés colectivo. Además, ha dejado entrever que el Gobierno baraja introducir, a través de enmiendas parciales, ayudas económicas directas y bonificaciones a la contratación para pymes -por un importe aproximado de 400 millones de euros- que ya se ofrecieron sin éxito a las patronales durante la negociación social. «Tenemos claro que hay que apoyar a las pequeñas empresas, y por eso pusimos sobre la mesa medidas concretas. Sabemos perfectamente lo que toca hacer», concluyó la titular de Trabajo.
(El País, 13-06-2025)
