El Ministerio de Trabajo está intensificando sus esfuerzos en el Congreso para sacar adelante la Ley que contempla la reducción de la jornada laboral. En este contexto, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado durante su participación en el Foro CREO -organizado por Cinco Días y Prisa Media- que «existe margen de maniobra» para abordar el problema del absentismo laboral. De hecho, ha vinculado esta posibilidad directamente con el proyecto de ley actualmente en tramitación parlamentaria, en un guiño claro hacia una de las principales preocupaciones del empresariado, que hasta ahora no ha respaldado la iniciativa.
«He aprendido de las propias empresas españolas, muchas de ellas cuentan con observatorios sobre el absentismo, y creo que es posible plantear propuestas vinculadas a la jornada laboral que nos permitan fijar objetivos claros para reducir este fenómeno, siempre desde un enfoque conceptual», afirmó Díaz.
La ministra ha apuntado que una parte del absentismo tiene su origen en deficiencias del sistema sanitario, un problema que, según ha dicho, el Ejecutivo conoce bien. «Si no mejoran estas administraciones, tenemos un margen de actuación muy limitado», advirtió. Para abordar esta dimensión del problema ya existe una mesa de diálogo gestionada por el Ministerio de Seguridad Social.
No obstante, Díaz también ha señalado otras dos causas sobre las que sí se podría intervenir desde el entorno laboral: el envejecimiento de la plantilla, una cuestión más acentuada en Europa que en España, y las ausencias injustificadas, a las que se refirió como «una parte del absentismo vinculada al carácter voluntario o no del mismo».
Según Díaz, el marco de la reducción de jornada es el momento adecuado para abordar este debate, ya que, aunque la patronal y los sindicatos se comprometieron a ello en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), «hasta ahora nadie ha afrontado el problema de manera decidida». Por eso subrayó que combatir el absentismo es una tarea «fundamental», y reafirmó que con esta nueva ley «no hay marcha atrás».
Diversas organizaciones empresariales -entre ellas CEOE, Cepyme, la catalana Pimec y Asedas, que agrupa a grandes compañías del sector de la distribución- llevan semanas reuniéndose con los grupos parlamentarios para intentar frenar o modificar el proyecto, cuya aprobación aún no cuenta con apoyos asegurados en la Cámara Baja.
Además del absentismo, la ministra también abordó otras dos reivindicaciones frecuentes del empresariado: la necesidad de flexibilidad en la organización de la jornada (distribución irregular de horas y horas extra) y la mejora de la productividad. En relación con la primera, recordó que el proyecto de ley también afecta al trabajo a tiempo parcial.
Díaz criticó que los contratos parciales se estén utilizando como mecanismo de ajuste y flexibilidad, una práctica que, según afirmó, perjudica especialmente a las mujeres. «Debemos apostar por una flexibilidad real y equilibrada dentro de las empresas», añadió, sin detallar aún qué cambios normativos se contemplarían en este punto.
Sobre la productividad, la vicepresidenta insistió en que la reducción de la jornada contribuye directamente a mejorarla. «Aunque haya resistencias ideológicas, está más que demostrado que la jornada reducida mejora el rendimiento, como ya han comprobado muchas empresas que la aplican», sostuvo. Incluso aseguró que, al contrario de lo que sostienen algunos sectores empresariales, «superado cierto umbral de horas trabajadas, la productividad no solo no aumenta, sino que disminuye». En esa línea, auguró que ocurrirá lo mismo que con el Salario Mínimo Interprofesional: «Pese a las previsiones catastrofistas, no ha habido destrucción de empleo, como demuestran los datos».
(Cinco Días, 30-05-2025)
