La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha logrado un importante avance con la complicada reforma de las prestaciones por desempleo, que entró en vigor a finales de 2024. Por primera vez desde 2012, hay más beneficiarios de prestaciones contributivas que de ayudas asistenciales, como los subsidios. Este cambio de tendencia refleja una mejora en la calidad de la protección por desempleo, aunque también está influido por factores como el aumento del 14% de los trabajadores fijos discontinuos inactivos que reciben prestación, lo que ha elevado el gasto mensual hasta los 2.085 millones de euros, un 7,3% más.
Los datos correspondientes a marzo de 2025, publicados en el informe de prestaciones por desempleo, confirman la consolidación de esta nueva dinámica, que comenzó en noviembre de 2024 con la entrada en vigor del decreto que reformó las ayudas asistenciales. Esta norma endureció los requisitos para acceder a los subsidios, aunque incrementó su cuantía inicial y permitió una mayor compatibilidad con el empleo, tanto en las prestaciones contributivas como en las asistenciales.
Alcanzar y mantener el umbral del 50% de cobertura contributiva es clave para validar el éxito de la reforma y cumplir con los compromisos asumidos ante la Comisión Europea. La diferencia fundamental entre ambos tipos de ayuda está en la cuantía: las contributivas, que pueden cobrarse hasta dos años después de perder un empleo, son considerablemente más elevadas que los subsidios y, actualmente, representan el 67% del gasto total (1.399,5 millones de euros). Este nivel no se registraba desde 2021, cuando el impacto de los ERTEs disparó el gasto.
El tipo de desempleo también influye: cuando predominan los parados de larga duración, más alejados del mercado laboral, crece el peso de las ayudas asistenciales. Esto fue especialmente evidente durante la crisis económica iniciada en 2008, cuando los subsidios superaron ampliamente a las prestaciones contributivas.
Con la recuperación del empleo, el indicador de calidad de la protección había comenzado a mejorar, y ya en agosto de 2024 superó por primera vez el 50%. Sin embargo, ese dato tenía un fuerte componente estacional, ya que muchos beneficiarios suspenden temporalmente su ayuda en verano por salir al extranjero, y aumentan los ceses de temporales y fijos discontinuos. En cambio, que esta proporción se mantenga en un mes como marzo, sin factores estacionales, confirma que la transformación es estructural. Aun así, los niveles están todavía por debajo de los registrados en 2008 y 2009.
El análisis de la evolución histórica evidencia la profundidad del problema: aunque durante los primeros años de la Gran Recesión la mayoría de parados recibía prestaciones contributivas, con el tiempo fueron ganando peso los subsidios, debido al aumento del desempleo prolongado y a programas como el Plan Prepara o la Renta Activa de Inserción. Ni siquiera los recortes aplicados durante el gobierno del PP, que limitaron ayudas como el subsidio para mayores de 52 años (reducido a partir de los 55), lograron revertir la tendencia.
La recuperación económica entre 2014 y 2019 tampoco fue suficiente para cambiar la situación. El nuevo Ejecutivo volvió a ampliar el subsidio para mayores de 52 años, pero eso contribuyó a mantener estancado el indicador de calidad. Ni siquiera el aumento masivo de prestaciones contributivas a través de los ERTEs durante la pandemia consiguió que en marzo predominaran estas ayudas sobre las asistenciales, algo que tampoco ocurrió pese a la mejora del empleo en los años siguientes.
Ante esta realidad, la Unión Europea exigió una reforma del sistema de subsidios para que sirviera como herramienta de reinserción laboral, en lugar de convertirse en una ayuda pasiva que desincentivara la búsqueda de empleo y atrapara a los beneficiarios en el desempleo crónico. Aunque la tramitación parlamentaria fue difícil, la norma finalmente entró en vigor en noviembre de 2024. Desde entonces, el porcentaje de prestaciones contributivas ha superado el 50% de forma continuada.
Varios factores explican esta evolución: la mejora del empleo ha comenzado a beneficiar a los parados de larga duración; la nueva legislación refuerza los controles e incentiva la búsqueda activa de trabajo desde el inicio; y además se ha modificado el enfoque de las políticas activas, priorizando la atención a los desempleados de mayor edad.
Sin embargo, hay que considerar también ciertos matices técnicos. El índice que mide la calidad de la protección por desempleo sigue una metodología propia y no coincide con el cálculo directo a partir del número de beneficiarios, lo que puede ofrecer resultados distintos si se compara con los datos generales de la estadística oficial.
(El Economista, 19-05-2025)
