Cada otoño, la revisión del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se convierte en uno de los temas centrales del debate laboral, y todo indica que en 2025 volverá a ser así, aunque la reducción de la jornada laboral continúe pendiente de votación en el Congreso. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, anunció a finales de julio que, tras el verano, convocaría a la Comisión de Expertos para analizar la nueva revalorización del SMI de cara a 2026. Aunque no ha concretado plazos, se espera que el llamamiento a este órgano -integrado por académicos, representantes de los ministerios económicos y de los sindicatos, pero no de las patronales, que declinaron participar- se produzca en las próximas semanas.
Este grupo se creó en 2021 con el encargo de calcular el 60% del salario medio y diseñar una senda de subidas hasta 2023. Sin embargo, para la revisión de 2024 no se le convocó, y a finales de ese año fue renovado en su totalidad. En su nuevo mandato, recomendó una subida de entre el 3,4% y el 4,4%, optando Díaz por el tramo más alto, lo que situó el SMI en 1.134 euros brutos en 14 pagas desde comienzos de 2025.
En esa ocasión, el criterio principal fue que el incremento superara la inflación, con el fin de garantizar que los trabajadores en ese umbral no perdieran poder adquisitivo. Los sindicatos, por su parte, insistieron en que se tomaran como referencia los aumentos pactados en convenios colectivos. Los últimos datos reflejan que en agosto los precios crecieron un 2,7% interanual, mientras que los convenios con efecto hasta julio contemplaban subidas salariales del 3,46%.
No obstante, la Comisión se apoyó principalmente en la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) elaborada por el INE, tras contrastar también la información de convenios y de la Encuesta de Estructura Salarial, esta última con un desfase de dos años.
Tanto CCOO como UGT esperan que la consulta a los agentes sociales para definir la subida del SMI coincida con las reuniones sobre la transposición de la directiva europea de salarios mínimos. Aunque esa mesa se abrió en marzo, los sindicatos señalan que los avances han sido mínimos y dudan de que se logre cerrar el marco normativo antes de fijar el nuevo incremento. En cualquier caso, ambas centrales preparan una propuesta conjunta sobre la cuantía de la subida, independientemente de la recomendación del comité de expertos. Consideran clave alcanzar el 60% del salario medio, aunque rechazan un mecanismo automático que excluya la negociación social, tanto por la dificultad técnica como porque vaciaría de contenido el diálogo con los agentes sociales.
El Estatuto de los Trabajadores establece que, para decidir el incremento del SMI, deben tenerse en cuenta factores como el IPC, la productividad, la participación del trabajo en la renta nacional o la coyuntura económica. Argumentos a los que suele recurrir la patronal para oponerse a aumentos que consideran excesivos y que, de hecho, los sindicatos tampoco quieren dejar fuera del debate.
Desde las organizaciones de trabajadores también se reclama que se legislen los compromisos adquiridos en el último acuerdo sobre el SMI: revisar los criterios de compensación y absorción de complementos, actualizar de manera automática los convenios afectados y añadir como referencia obligatoria la vinculación al 60% del salario medio.
Por último, ponen sobre la mesa la necesidad de tener en cuenta a las empresas con contratos con la Administración Pública, que actualmente no pueden trasladar el incremento de los costes laborales al precio de licitación. La vicepresidenta segunda se ha mostrado partidaria de introducir estos cambios y ha impulsado una propuesta a través de Sumar, aunque su aprobación depende del Ministerio de Hacienda.
(El Economista, 01-09-2025)
