El Ministerio de Economía está ultimando la norma que permitirá establecer límites a los créditos con intereses desorbitados -que en algunos casos llegan al 3.000% TAE- y reforzar la protección de los hogares frente al sobreendeudamiento. En las próximas semanas, el Gobierno enviará a audiencia pública el anteproyecto de ley que incorporará al derecho español la nueva directiva europea sobre crédito al consumo. Esta legislación obligará a que todos los proveedores de financiación al consumo estén sometidos a regulación y supervisión, e incluirá mecanismos concretos para contener precios abusivos. Así lo anunció este jueves la directora general del Tesoro y Política Financiera, Carla Díaz Álvarez de Toledo, durante un acto organizado por la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (Asnef).
Díaz Álvarez de Toledo explicó que la directiva surge en un contexto de profunda transformación del mercado del crédito al consumo, marcado por la digitalización, la aparición de nuevos actores y la proliferación de productos y canales de financiación que hoy operan fuera de la supervisión oficial. Ante este escenario, Bruselas ha optado por unificar criterios y crear un marco común que garantice una protección adecuada a los consumidores. «Nos encontramos ante un sector con una enorme variedad de operadores y contratos, y necesitamos reglas uniformes que aporten seguridad jurídica, pero que sean a la vez flexibles según el tipo de producto», señaló.
A día de hoy, la concesión de crédito no es una actividad reservada en España. Esto implica que cualquier empresa puede ofrecer préstamos sin estar sometida a los requisitos regulatorios y de control que sí afectan a bancos y entidades financieras. En este vacío han proliferado plataformas digitales que conceden microcréditos de cantidades muy pequeñas -a menudo 100 o 200 euros- con intereses extremadamente elevados. Algunos de estos préstamos de muy corta duración alcanzan el 3.000% o incluso el 5.000% TAE. Estas prácticas preocupan al Ejecutivo, ya que suelen dirigirse a personas especialmente vulnerables que recurren a estas vías tras ser rechazadas por la banca tradicional.
Al no estar sometidas a supervisión, estas compañías pueden eludir las normas de crédito responsable, que exigen analizar si el cliente puede devolver el dinero sin comprometer su estabilidad económica. La directiva forzará a todos estos operadores a cumplir requisitos de acceso, registro y control comunes. Es una demanda que Asnef lleva años planteando. «Es fundamental que existan las mismas reglas para todos. Nosotros estamos supervisados y otras entidades no», reivindicó su presidente, Fernando Casero.
La novedad más relevante será la introducción de límites a los tipos de interés para frenar los abusos. Por primera vez, España regulará los precios del crédito de forma generalizada. La directiva obliga a los Estados a aplicar medidas eficaces contra tipos excesivos, aunque deja libertad para elegir el modelo. «España nunca ha tenido límites legales más allá de la jurisprudencia sobre usura, y ahora debemos diseñar un sistema que encaje con nuestro mercado», indicó la directora general del Tesoro.
El Ministerio analiza distintas fórmulas: desde topes absolutos hasta límites basados en los tipos medios más un diferencial, pasando por esquemas segmentados según el tipo de producto. La dificultad aumenta en los créditos de muy corta duración, donde la TAE puede resultar engañosa. El propósito, añadió Díaz Álvarez de Toledo, es articular un sistema equilibrado que evite el sobreendeudamiento sin frenar la innovación ni perjudicar la competencia.
Con todo, España llega con retraso. El plazo para incorporar la directiva acabó el 20 de noviembre y la normativa deberá aplicarse plenamente a partir del 20 de noviembre de 2026. La ampliación del ámbito de aplicación será decisiva para asegurar una protección completa: productos hoy excluidos -como los créditos inferiores a 200 euros o los sistemas «Compre ahora, pague después»- quedarán sometidos a requisitos de transparencia e información. «Aunque no haya intereses, el consumidor tiene que tener claro que está contrayendo una obligación financiera», destacó.
La reforma también reforzará la información previa al contrato. La directiva obliga a entregar los documentos esenciales al menos 24 horas antes, para permitir comparar alternativas con calma, y exige resaltar únicamente los datos fundamentales para no saturar al cliente con información secundaria. El derecho de desistimiento seguirá siendo de 14 días y se ampliará automáticamente si la documentación no se facilita correctamente.
(Cinco Días, 04-12-2025)
