En octubre de 2018, el Gobierno anunció un incremento del 22% en el salario mínimo interprofesional (SMI), que pasó de 735,9 a 900 euros mensuales a partir del 1 de enero de 2019. Esta subida, inesperada para muchas empresas, las obligó a reajustar rápidamente sus planes económicos. El comportamiento de las compañías ante esta medida ha sido analizado en el informe Firm-Level Employment Dynamics and Minimum Wages: Evidence from Spain (Dinámica del empleo a nivel de empresa y salario mínimo: Evidencia en España), elaborado por Fedea. El estudio revela que el aumento de 164,1 euros afectó especialmente a las microempresas, aquellas con entre 1 y 5 trabajadores, muchas de las cuales optaron por despedir empleados como vía de ajuste, mientras que las más grandes recurrieron a contratos a tiempo parcial o a la reducción de jornada.
«El impacto sobre el empleo fue especialmente fuerte durante los primeros doce meses de 2019», indica el informe, elaborado por Jorge Casanova (Lexecon y Universidad de Alicante), David Catalán (ETH Zúrich), Florentino Felgueroso (Fedea) y Marcel Jansen (UAM). El análisis se basa en datos del Panel Empresa-Trabajadores (PET), elaborado por la Tesorería General de la Seguridad Social para el periodo 2017-2020, con especial atención al año 2019 y a las empresas que en 2018 pagaban sueldos por debajo del nuevo SMI.
Durante la presentación del estudio, Jansen explicó que la medida tuvo «efectos muy representativos», destacando que muchas empresas acortaron la duración de los contratos mediante recortes de horas y transformaron empleos indefinidos en contratos a tiempo parcial. Estas consecuencias fueron especialmente notables en compañías con menos de 50 empleados.
Según los datos recogidos, el 21% de las empresas y el 12% de los trabajadores se vieron directamente afectados por el alza del SMI. En las microempresas (menos de 5 empleados), la exposición fue total; en las grandes empresas (más de 250 trabajadores), solo un 2%. En aquellas donde todos los empleados ganaban por debajo del nuevo mínimo, los sueldos crecieron en 11,4 puntos porcentuales, pero el empleo se redujo un 4,5%. El informe señala que aproximadamente un 40% de los beneficios esperados de la subida del salario mínimo se perdieron debido a la destrucción de empleo.
El estudio también desmonta la idea de que este tipo de subidas eliminan del mercado a las empresas menos eficientes y empujan a los trabajadores hacia mejores oportunidades. Según los autores, quienes perdieron su empleo en 2018 no lograron acceder a puestos mejor remunerados en 2019. De hecho, los nuevos trabajos creados tras la subida eran de menor calidad, sin evidencia de mejora en las condiciones laborales, al contrario de lo observado en países como Alemania.
Los más perjudicados por la pérdida de empleo fueron jóvenes, mujeres y personas con baja cualificación. A pesar de esto, el efecto no fue completamente negativo: la subida también incentivó la contratación, generando un notable dinamismo en el mercado laboral. Sin embargo, los nuevos empleos provenían mayoritariamente de grandes empresas y ofrecían condiciones inferiores.
Desde el punto de vista geográfico, las regiones más afectadas por el impacto del nuevo SMI fueron Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias, donde el mercado laboral depende en gran medida de sectores como el comercio, la hostelería y la construcción, los más perjudicados por la medida.
En relación con la propuesta del Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, de establecer por ley la equivalencia automática del SMI al 60% del salario medio ―como recoge la Carta Social Europea―, Jansen expresó sus dudas. Considera que esa rigidez podría ser contraproducente en un país con una tasa de desempleo que duplica la media de la UE y altos niveles de precariedad. «Fijar ese objetivo por ley elimina la posibilidad de ajustar el SMI según el contexto económico», advirtió.
El investigador propuso como alternativa la creación de una comisión independiente de expertos, con acceso a los mejores datos disponibles, que oriente al Gobierno sobre las subidas del SMI. «La forma en que se plantea actualmente es arbitraria, y un futuro Gobierno podría no compartir este enfoque», concluyó.
(El País, 20-05-2025)
