Los empresarios españoles expresan una creciente preocupación ante lo que consideran una combinación peligrosa entre el incremento del absentismo laboral y la reducción de la jornada laboral planteada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Temen que esta situación comprometa seriamente la viabilidad de muchas empresas, especialmente las más pequeñas y vulnerables, como los pequeños comercios y micropymes. Así lo ha advertido el Consejo General de Gestores Administrativos, que estima que el coste conjunto de ambas medidas para el tejido empresarial alcanzará los 46.571 millones de euros anuales, lo que equivale al 3,2% del PIB. En concreto, la implementación de una jornada de 37,5 horas semanales sin reducción salarial supondría un gasto adicional de 19.250 millones, mientras que el absentismo tendría un impacto económico de 27.320 millones entre costes directos y cotizaciones.
Fernando Jesús Santiago, presidente del Consejo, ha sido tajante al respecto: «Cuando no se compensan las horas no trabajadas, se pierde producción. Si a eso le sumamos el absentismo crónico, el efecto es devastador. La economía no puede soportar que se deje de trabajar el equivalente al 3,2% del PIB mientras se siguen pagando los salarios». Aunque admite que reducir la jornada podría mejorar ligeramente la productividad por hora -de 45,08 a 47,10 euros (de 50 a 52,3 dólares)-, asegura que España seguiría rezagada en comparación con la media de la OCDE y otros países europeos.
Santiago también ha recordado que, aunque la población española ronda los 49 millones, tan solo unos 20 millones de personas trabajan realmente cada día. Esta cifra se obtiene descontando el absentismo diario y la inactividad de los fijos discontinuos, lo que revela -según sus palabras- «una realidad incómoda: el país se sostiene con una base laboral mucho más reducida de lo que reflejan los datos oficiales». En ese sentido, el informe destaca lo que denomina «absentismo estructural», un fenómeno por el cual, diariamente, 1,25 millones de trabajadores no se presentan en sus puestos, generando una pérdida anual de 2.062 millones de horas y el equivalente a más de 1,26 millones de empleos.
Actualmente, la productividad por hora trabajada en España se sitúa en 45,08 euros, muy por debajo de países vecinos como Francia (100 dólares), Alemania (más de 95) y de la media de la OCDE (alrededor de 70). La reducción propuesta de las horas anuales de trabajo, de 1.630 a 1.560 por empleado, implicaría una pérdida de 1.390 millones de horas de trabajo al año. «Hace falta una estrategia que incremente la productividad y reparta los costes laborales de forma más equilibrada. Si toda la carga recae sobre el empresario, sin medidas de apoyo, no podremos ser más competitivos. Seguimos estancados en productividad porque el PIB no crece. Trabajar menos sin generar mayor valor añadido nos impide avanzar», ha advertido Santiago.
El estudio también señala que para compensar la caída de horas laborales derivada de la reducción de jornada, sería necesario incorporar cerca de 900.000 nuevos trabajadores a tiempo completo, algo inviable dadas las condiciones actuales del mercado laboral, especialmente entre las pymes. Muchas de estas empresas no podrían hacer frente ni a los costes de contratación ni a la pérdida de horas, lo que podría forzar a numerosas pequeñas compañías a cerrar.
Este riesgo no es nuevo. La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) ya alertó en su último informe sobre la desaparición de casi 23.000 microempresas (menos de 10 trabajadores) desde 2019, primer año completo del actual Gobierno de coalición. Cepyme denuncia que las pequeñas empresas sufren una presión fiscal muy superior a la media europea. En España, el esfuerzo fiscal alcanza el 37%, frente al 25% en la UE. De hecho, las pymes españolas soportan una carga fiscal un 50% mayor que sus competidores europeos: uno de cada tres euros recaudados por Hacienda proviene de las empresas, mientras que en Europa esa proporción es de uno por cada cuatro. Además, los costes laborales han subido un 20% en los últimos cuatro años, y en el caso de las microempresas el impacto es aún mayor, llegando al 25%. Solo en el primer trimestre de este año, esos costes aumentaron un 2,8%, sumando ya tres trimestres consecutivos de alzas y situándose un 26% por encima del nivel prepandemia.
(La Razón, 15-07-2025)
