El acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña sobre un modelo de financiación «singular» ha generado una oleada de críticas desde distintos frentes: comunidades autónomas, oposición política e incluso voces del ámbito técnico. El pacto ha encendido las alarmas entre los inspectores de Hacienda, ha creado confusión dentro del propio Ministerio y ha despertado preocupación en círculos económicos.
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) advirtió que si Cataluña asume la recaudación de todos los impuestos, otras autonomías verán reducidos sus recursos para servicios públicos, lo que provocaría una ciudadanía dividida entre «de primera y de segunda». Además, denunciaron que el nuevo modelo carece de respaldo legal, al no estar contemplado ni en la Constitución ni en la legislación vigente, y que su implementación vulneraría los principios constitucionales de igualdad y solidaridad. La IHE advierte que extender este sistema a otras regiones tendría consecuencias graves: fracturaría el sistema fiscal, debilitaría a la Agencia Tributaria estatal y pondría en riesgo la financiación de funciones esenciales del Estado como las pensiones, el pago de la deuda o la asistencia social.
Por su parte, la asociación de técnicos de Hacienda (Gestha) señaló que el acuerdo sienta las bases de un sistema tributario de tipo federal. Advirtieron que su puesta en marcha será complicada y que probablemente requerirá la creación de un consorcio tributario para gestionar el IRPF. Según sus cálculos, Cataluña pasaría de gestionar 5.238 millones de euros en impuestos propios y cedidos a un total de 38.238 millones en 2026, tras recibir el traspaso del IRPF, lo que implicaría un crecimiento de la recaudación autonómica seis veces superior. De ese monto, estiman que 2.737 millones se devolverían a los contribuyentes catalanes y el resto se transferiría al Estado como cuota. Actualmente, la Agencia Tributaria de Cataluña cuenta con solo 832 empleados, incluyendo 29 inspectores y 41 técnicos, por lo que se estima que se necesitarán cerca de 5.200 trabajadores adicionales, entre ellos unos 2.000 inspectores. Aunque se espera que la Agencia estatal ceda recursos informáticos, Gestha advierte que buena parte de los 6.359 empleados del fisco estatal en Cataluña no aceptarían ser transferidos al organismo autonómico. Además, remarcan que se requerirán reformas legales de gran alcance para implementar estos cambios.
El economista Diego Martínez, catedrático de la Universidad Pablo de Olavide y experto en financiación autonómica, calificó el acuerdo como un «compendio de ideas generales» sin suficiente concreción para un análisis riguroso. No obstante, alertó de que representa el inicio de un proceso que podría culminar en que la Agencia Tributaria catalana gestione todos los tributos generados en el territorio. Esto, según él, dañaría el sistema nacional de redistribución de la renta y reduciría significativamente la capacidad del Estado para garantizar la estabilidad macroeconómica.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue tajante al rechazar el pacto, calificándolo de «atraco a la nación» y «sentencia de muerte a España». Su posición fue respaldada por todos los gobiernos regionales del PP, muchos de los cuales estudian impugnar el acuerdo ante los tribunales. También las comunidades gobernadas por el PSOE en Castilla-La Mancha y Asturias, encabezadas por Emiliano García-Page y Adrián Barbón, expresaron su rechazo, denunciando un «expolio».
En un giro irónico, el propio partido que impulsó el pacto, ERC, mostró su decepción con el resultado. Isaac Albert, portavoz de Esquerra, lamentó la falta de concreción: «Hemos logrado que el PSOE y el PSC den pasos, pero el país necesita más. Menos gestos y más contenidos». Desde Junts, Antoni Castellà fue aún más crítico y tachó el acuerdo de «decepcionante» y «muy alejado de lo que Cataluña necesita».
El portavoz del PP, Borja Sémper, también cargó duramente contra el acuerdo, denunciando que «la financiación autonómica debe decidirse entre todos, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y no en negociaciones bilaterales en las que Pedro Sánchez cede ante un chantaje para mantenerse en el poder».
Incluso dentro de Sumar hubo reticencias a respaldar plenamente el pacto. Aunque valoraron positivamente que se inicie un debate sobre la financiación autonómica, evitaron pronunciarse a favor, conscientes del malestar en grupos como Compromís, que representa a la Comunidad Valenciana, la región con menor financiación per cápita del país.
(Expansión, 15-07-2025)
