Dos años y medio después del error de voto del PP que permitió sacar adelante la reforma laboral, un nuevo fallo de los populares en el Congreso ha dado luz verde a otra medida en materia laboral que no contaba con su apoyo. La Cámara Baja aprobó este miércoles una proposición no de ley impulsada por Sumar para instar al Gobierno a revisar la indemnización por despido. La iniciativa salió adelante gracias a los votos de PSOE, Sumar, ERC, PNV, Bildu, Podemos, Coalición Canaria, el exministro socialista José Luis Ábalos, la diputada de Compromís Águeda Micó y el popular Joan Mesquida. En contra votaron PP y Vox, mientras que Junts optó por abstenerse.
La votación estuvo especialmente reñida: 171 votos a favor frente a 170 en contra. La ausencia de dos diputados socialistas puso en riesgo el resultado, según fuentes de Sumar, pese a las negociaciones mantenidas con sus socios para garantizar los apoyos.
Aunque las proposiciones no de ley no son vinculantes y se limitan a expresar la posición de la Cámara, la aprobación tiene una lectura política clara: el grupo parlamentario socialista respalda una propuesta de Sumar contraria a la línea que mantiene el Ministerio de Economía, en manos de la parte socialista del Ejecutivo.
El texto reclama al Gobierno que adopte «las medidas necesarias» para que la legislación española se ajuste a la Carta Social Europea -ratificada en 2021- y al Convenio 158 de la OIT, con el fin de garantizar que la indemnización por despido improcedente sea «realmente disuasoria y reparadora». La líder de Sumar, Yolanda Díaz, compartió en redes sociales una imagen del resultado de la votación, destacando el voto afirmativo del PP entre una mayoría de votos contrarios.
La propuesta reabre un debate en el que Economía y Trabajo mantienen posturas opuestas. El departamento de Carlos Cuerpo sostiene que España ya cumple con la Carta Social Europea, pese a que el Comité Europeo de Derechos Sociales -encargado de interpretarla- ha dictaminado en dos ocasiones que la normativa española no se ajusta al tratado, especialmente porque el sistema de indemnizaciones tasadas en días no siempre compensa adecuadamente a los trabajadores despedidos, sobre todo en contratos de corta duración.
Algunos jueces llegaron a conceder compensaciones adicionales basándose en la Carta Social Europea y el Convenio de la OIT, pero el Tribunal Supremo cerró esa posibilidad. En diciembre de 2023 ya rechazó indemnizaciones superiores a los 33 días por año trabajado (45 días en los periodos anteriores a 2012), con un límite de 24 mensualidades (42 antes de la reforma). Y en julio de 2024, incluso teniendo en cuenta que España había ratificado la Carta, volvió a ratificar su negativa a aplicar compensaciones adicionales.
A pesar de ello, el Ministerio de Trabajo mantiene su intención de modificar la legislación, cumpliendo así con el programa de coalición. Hace más de un año que anunció su compromiso de convocar a sindicatos y empresarios para abordar esta reforma, aunque la mesa de diálogo aún no se ha constituido. El pacto de Gobierno entre PSOE y Sumar incluía expresamente el compromiso de «reforzar las garantías frente al despido, en línea con la Carta Social Europea, y de reforzar la causalidad en los supuestos de extinción laboral».
(El País, 19-09-2025)
