El Pleno del Congreso aprobó este jueves una iniciativa presentada por Podemos para instar al Gobierno a impulsar los cambios legales necesarios que permitan eliminar los coeficientes reductores aplicados a quienes hayan cotizado cuarenta años, ya sea en su jubilación actual o cuando accedan a ella, evitando así que su pensión se vea mermada.
La propuesta, de carácter no vinculante, contó con el apoyo de los partidos que conforman el Gobierno, así como ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG, Coalición Canaria, UPN, la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó, y el exministro socialista José Luis Ábalos. El PP y Vox optaron por abstenerse. Se trata de una moción derivada de la interpelación urgente que Podemos dirigió la semana pasada a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante el Pleno.
Actualmente, quienes han acumulado más de cuarenta años cotizados pero aún no han alcanzado la edad ordinaria de jubilación se ven obligados, si deciden retirarse, a asumir coeficientes reductores que disminuyen su pensión, algo que Podemos -con Irene Montero a la cabeza- considera una «discriminación». En su respuesta, la ministra Saiz defendió que la legislación vigente -y en particular la reforma del sistema de pensiones acometida desde la pasada legislatura- ya incorpora medidas adecuadas para estos casos.
En concreto, recordó que el decreto de 2021 destinado a reforzar la sostenibilidad del sistema introdujo un complemento económico para quienes se jubilaron de forma anticipada entre enero de 2002 y diciembre de 2021, siempre que acreditaran largas carreras de cotización y, en su caso, una pensión de cuantía reducida.
Para beneficiarse de dicho complemento, era necesario demostrar al menos 45 años y seis meses de cotización, o bien un mínimo de 40 años si la pensión resultante era inferior a 900 euros a fecha de 1 de enero de 2022. Según Saiz, ya se han concedido 104.000 de estos complementos.
Podemos, sin embargo, considera insuficientes estas explicaciones y sostiene que existen más de 900.000 personas afectadas por penalizaciones en las prejubilaciones. Por ello, forzó la votación para que el PSOE clarificara su postura, y el partido finalmente se mostró dispuesto a apoyar la modificación legal en favor de este colectivo.
(El Economista, 14-11-2025)
