El Govern catalán espera cerrar esta semana uno de los asuntos clave desde que Salvador Illa asumió la presidencia de la Generalitat. En la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del próximo miércoles, se espera establecer una metodología de cálculo para la condonación parcial de la deuda de las comunidades autónomas, según fuentes cercanas a las negociaciones. El Ejecutivo catalán confía en que esto se traduzca en una reducción de 15.000 millones de euros de su deuda, lo que representa aproximadamente el 20% del total. La consecución de este acuerdo permitirá a los socialistas cumplir con uno de los compromisos adquiridos con sus aliados de ERC, de quienes dependen para aprobar diversas medidas tanto en Madrid como en Barcelona. La condonación parcial de la deuda beneficiará a todas las comunidades autónomas, aunque las gobernadas por el PP han manifestado su oposición y exigen que esta medida se vincule a la reforma del modelo de financiación autonómica. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda no ha incluido este tema en la agenda del encuentro, lo que ha generado malestar entre los líderes autonómicos.
Desde que en julio de 2012 el Gobierno de Artur Mas solicitara asistencia financiera al Estado tras dificultades para pagar nóminas a funcionarios y la venta de deuda pública a ciudadanos, el Ejecutivo central se convirtió en el principal prestamista de la Generalitat. Cataluña no fue la única en recurrir a esta ayuda; la Comunidad Valenciana y Murcia lo hicieron antes, y otras autonomías siguieron el mismo camino poco después. Trece años después, los gobiernos regionales buscan soluciones para reducir su endeudamiento y recuperar el acceso a los mercados financieros, que se cerraron para muchas de ellas tras la crisis económica.
Cataluña es la comunidad autónoma con mayor deuda con el Estado, acumulando 77.000 millones de euros de los 88.000 que conforman su pasivo total, debido principalmente a los préstamos obtenidos a través de los mecanismos extraordinarios de liquidez, como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). La Comunidad Valenciana y Murcia también tienen gran parte de su deuda en manos del Estado, con ratios del 40,8% y 30,3% sobre su PIB, respectivamente. En cambio, regiones como Madrid, que no debe nada al Estado, o Castilla y León y Asturias, con deudas muy reducidas, se oponen a esta quita.
Los acuerdos alcanzados entre el PSOE y ERC en noviembre de 2023 para la investidura de Pedro Sánchez incluyeron la condonación parcial de la deuda de todas las comunidades autónomas, salvo Navarra y el País Vasco, que cuentan con un régimen de financiación diferenciado. Para Cataluña, esto significaría una reducción del 20% de su deuda, equivalente a 15.000 millones de euros menos y un ahorro anual en intereses de 1.300 millones, cifra cercana a la inversión destinada a universidades e investigación en su último presupuesto.
El Govern espera que en la reunión del CPFF se acuerde un método de cálculo que permita, en una comisión bilateral posterior, fijar una cifra definitiva para la condonación de la deuda catalana. A ello se suman otros avances en las negociaciones entre el Gobierno central y la Generalitat, como la transferencia de Cercanías, acuerdos en materia de los Mossos d’Esquadra e inversiones públicas. Estos avances permiten a ERC presentar resultados concretos ante su electorado y justificar su apoyo a medidas clave en el Parlament. Además, refuerzan su posición política frente a Junts.
Para el resto de comunidades autónomas, aún no está claro el criterio que se aplicará para definir la reducción de su deuda. La diversidad de situaciones en cuanto al endeudamiento está generando discrepancias, incluso entre regiones gobernadas por el mismo partido. Las comunidades del PP, que actualmente lideran 11 gobiernos autonómicos, exigen que se aborde la reforma del sistema de financiación, un tema pendiente desde hace una década y que ha generado tensiones entre territorios. Algunas comunidades reclaman que se dé mayor peso a la despoblación en la distribución de los fondos, otras priorizan el crecimiento demográfico, y otras exigen compensaciones por su infrafinanciación. Sin embargo, existe un consenso generalizado en la necesidad de dotar al sistema de más recursos.
El Ministerio de Hacienda había adelantado que la reunión del CPFF se centraría en la deuda, pero la ausencia de cualquier punto sobre la reforma del modelo de financiación en la agenda oficial ha causado indignación entre las comunidades autónomas. «Como era de esperar, no se abordarán los problemas de financiación de las comunidades, sino las prioridades de los socios independentistas del Gobierno de Pedro Sánchez», criticó Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, quien rechazó tajantemente la condonación de la deuda. «Nos opondremos rotundamente a esta forma de proceder, tanto en el fondo como en las formas», añadió.
Por su parte, Ruth Merino, consejera de Hacienda de la Comunidad Valenciana, también gobernada por el PP, considera necesaria la quita, pero dentro de un marco de reforma de la financiación autonómica. «La deuda es solo una parte del problema, pero la tercera en importancia. Antes están la reforma del sistema y el fondo de nivelación. Para la Comunidad Valenciana, cualquier medida sobre la deuda que no aborde la infrafinanciación es solo un parche», afirmó el pasado viernes. Esta misma situación afecta a Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha, siendo las dos primeras gobernadas por el PP y la última por el PSOE.
Andalucía también insiste en que la reforma del sistema de financiación debe ser prioritaria y reclama que el Gobierno presente un plan con plazos y recursos adicionales. En el mismo sentido, Baleares, que tiene más de la mitad de su deuda en el FLA, pide un debate integral sobre la condonación y la financiación, destacando la necesidad de ajustar el reparto de fondos según el crecimiento demográfico, una demanda compartida por Andalucía, la Comunidad Valenciana, Murcia y Madrid.
(El País, 24-02-2025)
