Las pensiones afrontan una semana clave bajo la atenta supervisión de la Comisión Europea. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) está ultimando su informe sobre las medidas de ingresos del sistema, cuya publicación está prevista para el 31 de marzo. Esta evaluación fue exigida por Bruselas debido a su desconfianza en la reforma aprobada en su momento por el entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Por ello, se estableció que cada tres años se revisaran las previsiones de gastos e ingresos y que, en caso de desviaciones, se adoptaran medidas correctoras.
En lo que respecta a los gastos, se toma como referencia el informe de envejecimiento de la Comisión Europea. Para los ingresos, la AIReF se encarga de evaluar el impacto de las medidas implementadas. Mientras que el informe sobre los gastos ya ha sido publicado, la AIReF realizó un análisis preliminar sobre los ingresos. Al combinar ambos resultados, se estima un desfase de aproximadamente 12.000 millones de euros, equivalente al 0,8% del PIB, considerando la primera de las dos revisiones al alza del PIB realizadas por el INE. Sin embargo, el Gobierno recurrió a una estrategia inesperada para la Comisión: como adelantó El País, incluyó como ingresos las transferencias estatales a la Seguridad Social. Esta decisión se plasmó en un real decreto que establece cómo debe llevarse a cabo la evaluación de la AIReF. De este modo, al incorporar cerca de 20.000 millones en transferencias, el análisis no reflejaría la necesidad de ajustes.
Este movimiento permitiría al Ejecutivo evitar que el sistema de pensiones proyecte una imagen de insuficiencia, evitando así una subida adicional de cotizaciones que podría afectar al empleo. La normativa establece que, si se detecta un desfase presupuestario, se deberán tomar medidas. En caso de que no se logre un acuerdo parlamentario para su implementación, se activaría un aumento automático de las cotizaciones en un plazo de cinco años, distribuyendo el ajuste en un quinto del déficit cada año. Dada la coyuntura política actual, es probable que esta subida de cuotas termine aplicándose.
No obstante, la Comisión Europea ha mostrado su escepticismo respecto a este enfoque. Según fuentes conocedoras del proceso, recientemente un equipo de la Comisión visitó Madrid para discutir diversos temas, entre ellos la evaluación de las pensiones. Durante estas conversaciones, Bruselas recordó al Ejecutivo español que la inclusión de las transferencias no formaba parte de los acuerdos cuando se pactó la reforma, que estaba vinculada a los compromisos adquiridos para recibir los fondos europeos. Mientras el Gobierno defendió que el artículo 109 de la Ley de Seguridad Social permite considerar las transferencias como ingresos, los técnicos europeos argumentaron que, en términos de sostenibilidad, los ingresos deben ser únicamente cotizaciones o impuestos, no traspasos dentro del propio Estado. A su juicio, este enfoque no soluciona el problema financiero, sino que simplemente lo traslada dentro del ámbito de las Administraciones Públicas.
Este análisis de las pensiones también está ligado al plan fiscal que España presentó ante Bruselas. La Comisión esperaba que la evaluación reflejara el ajuste del 0,8% del PIB, lo que facilitó la aprobación del plan presupuestario a medio plazo presentado en octubre. En el pasado, Bruselas ya había impuesto medidas adicionales por valor de 4.500 millones de euros, entre ellas la subida del impuesto al diésel, como parte de los compromisos adquiridos para desbloquear el quinto pago de los fondos europeos.
Por el momento, la Comisión mantiene una posición oficial de espera hasta la publicación del informe de la AIReF, que será determinante en la evaluación del desembolso de los fondos europeos. La valoración del quinto pago, inicialmente prevista para antes, se ha pospuesto hasta el 11 de abril. No obstante, España ya recibió casi 10.000 millones de euros en el cuarto tramo de fondos europeos gracias a la reforma de pensiones. Sin embargo, dependiendo de las conclusiones del informe de la AIReF, Bruselas deberá evaluar si el hito de sostenibilidad financiera previamente validado sigue cumpliéndose. De no ser así, se podría considerar un incumplimiento, lo que incluso podría derivar en la retención de fondos ya entregados. El Tribunal de Cuentas Europeo ha insistido en que todas las reformas e inversiones deben estar plenamente justificadas, y la inclusión de las transferencias como ingresos podría suponer un obstáculo en este sentido.
Un documento fundamental en este debate es el informe de sostenibilidad de las pensiones que elaboró Escrivá durante su mandato. Este informe fue un requisito para la obtención de los fondos europeos y tenía como objetivo demostrar que la reforma de pensiones garantizaba la sostenibilidad financiera del sistema. En su análisis, no se contemplaban las transferencias estatales como ingresos y, de hecho, se explicaba el motivo: se señalaba que, incluso con la reforma impulsada por el Partido Popular, existía un déficit estructural cercano al 1,5% del PIB. El informe argumentaba que, ante esta situación, era necesario un mayor apoyo estatal para corregir el desequilibrio, al menos en el corto plazo. Además, el hito 406 de los fondos europeos reconocía que estas transferencias tenían la función de reducir el déficit de la Seguridad Social, trasladándolo a la Administración central. En línea con este objetivo, los Presupuestos Generales del Estado de 2021 ya incluyeron una partida de casi 14.000 millones de euros en esta dirección.
Es decir, las transferencias ya habían sido utilizadas anteriormente para minimizar el déficit, situándolo en el 0,6% del PIB en 2022, año que sirve como referencia para la evaluación de las pensiones, cuyo análisis abarca el período 2022-2050. Según Miguel Ángel García, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos e investigador de Fedea, con las recientes actualizaciones del PIB, el gasto en pensiones aumentará en promedio 2,2 puntos del PIB en ese periodo y alcanzará los 3,8 puntos en 2050. Si se supone que los ingresos crecerán según lo previsto en la evaluación, en 1,7 puntos en promedio y 2,4 puntos en 2050, el sistema aún reflejaría un déficit del 2% del PIB en 2050. Sin embargo, si las transferencias estatales se computan como nuevos ingresos-lo que equivaldría a un 1,3% del PIB que ya había sido incluido en las cuentas de 2022-el déficit ascendería por encima del 3% del PIB. Por ello, los expertos advierten sobre una «doble contabilización», dado que estos fondos ya habían sido tenidos en cuenta cuando se establecieron los parámetros de la evaluación. Esta es una de las razones por las que Bruselas sigue mostrando reticencias, destacando en sus informes los desafíos de equidad intergeneracional que enfrenta España.
En este contexto, la AIReF se encuentra en una posición delicada. Por un lado, la normativa gubernamental le obliga a considerar las transferencias como ingresos adicionales. Por otro, su credibilidad como organismo independiente está en juego. Deberá analizar qué transferencias tienen carácter estructural y cuáles son coyunturales. Además, junto con su informe sobre los ingresos del sistema de pensiones, emitirá una valoración sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas ante el envejecimiento de la población. En este análisis, explicará que el objetivo fijado por la evaluación de Bruselas-limitar el gasto en pensiones al 13,3% del PIB tras descontar las medidas de ingresos-no implica necesariamente que el sistema sea sostenible y ofrecerá su visión, sin considerar las transferencias, sobre el verdadero desafío que afronta España en este ámbito.
(El País, 24-03-2025)
