La nueva directiva europea de requisitos de capital, que podría integrarse al marco legal español en 2026, otorga a los supervisores la autoridad para aprobar fusiones o divisiones de bancos. El Fondo Monetario Internacional (FMI) recomienda eliminar el poder de veto del Gobierno en estas fusiones bancarias. Esta recomendación ha sido formulada en el contexto del Programa de Evaluación del Sector Financiero (FSAP), un análisis que el FMI realiza cada cinco años a los sistemas bancarios de importancia sistémica, y cuyas conclusiones acaban de ser publicadas en España.
El FMI ya sugirió esta medida a las autoridades españolas tras la evaluación de 2017, pero ha constatado que «no se ha tomado ninguna acción específica» desde entonces. Este período incluye los últimos meses del Gobierno del PP liderado por Mariano Rajoy y los diversos gobiernos socialistas encabezados por Pedro Sánchez desde 2018.
El organismo defiende que «todas las cuestiones prudenciales no incluidas en el mandato del Mecanismo Único de Supervisión europeo deberían estar bajo el control exclusivo o predominante del Banco de España». Esto incluye la autorización de fusiones, actualmente responsabilidad del Ministerio de Economía. Sin embargo, el FMI cree que esta situación podría cambiar con la futura implementación de la nueva directiva europea de requisitos de capital para incorporar las últimas disposiciones de Basilea III (CRD VI).
«El proyecto de directiva CRD VI pretende armonizar este aspecto en la Unión Europea; en particular, en las adquisiciones por parte de una entidad de crédito de una participación significativa en una entidad financiera o no financiera, la transferencia de activos o pasivos, y las fusiones o divisiones. Si se aprueba la propuesta, se otorgarían al supervisor facultades de autorización para las fusiones, por lo que la recomendación del FSAP quedaría anulada», señala el informe del FMI.
El poder del Gobierno sobre las fusiones, establecido en el ordenamiento español a través de la Ley de Solvencia de 2014, ha cobrado relevancia a raíz de la oferta hostil de BBVA sobre Sabadell. BBVA, presidida por Carlos Torres, ha expresado que si la opa recibe la aceptación necesaria de los accionistas de Sabadell, su intención es proceder a la integración legal de ambos bancos. No obstante, el Gobierno ha manifestado su rechazo a la operación debido a los «efectos perjudiciales» que considera que tendría en términos de concentración bancaria, estabilidad financiera y cohesión territorial.
Fuentes oficiales del Ministerio de Economía indican que, ante la inminente transposición de la directiva en los términos en que sea aprobada, el Ejecutivo no planea realizar ningún otro cambio legislativo sobre las instituciones con capacidad de veto en las fusiones. En cualquier caso, dados los plazos y el alcance de la directiva, no parece que pueda convertirse en un obstáculo para que el Ministerio de Economía tenga la última palabra en la opa de BBVA.
La redacción final de la directiva aún está pendiente de aprobación definitiva, esperada para las próximas semanas. No obstante, el texto actual no deja claro que, en el caso español, otorgar el poder de veto sobre las fusiones al Banco de España implique necesariamente retirárselo al Ministerio de Economía. El objetivo principal de la directiva es reforzar el poder del supervisor, pero no necesariamente a expensas de las capacidades del Gobierno.
(Expansión, 17-06-2024)
