Al finalizar 2024, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) alcanzaba a un total de 703.479 hogares, con una ayuda media mensual de 508,4 euros. Para cubrir esta prestación, la Seguridad Social destinó 3.854,67 millones de euros, lo que representa un incremento del 17,3% respecto al año anterior. Esta diferencia obligó a movilizar 1.488 millones adicionales no contemplados en la prórroga presupuestaria. Según fuentes del Ministerio, este aumento se debe tanto a la revalorización de la prestación -que subió un 6,9%- como al crecimiento del número de beneficiarios, resultado de una menor tasa de non take up (personas que podrían recibir la ayuda, pero no la solicitan por desconocimiento o barreras administrativas).
Con el incremento del 9% en la cuantía de la ayuda para este año, se espera que el gasto destinado al IMV continúe creciendo. De hecho, en el informe de ejecución presupuestaria de febrero ya se observa un aumento del 19,55% en comparación con el mismo mes del año pasado, pese al contexto laboral favorable en el país.
El IMV, creado por el Real Decreto-ley 20/2020, es una prestación económica orientada a prevenir situaciones de pobreza y exclusión social, garantizando un ingreso mínimo adaptado al tipo y tamaño del hogar. Es compatible con otras fuentes de ingreso. En su diseño original, la medida preveía llegar a 850.000 hogares, beneficiando a más de 2,3 millones de personas, con un coste estimado de unos 3.000 millones anuales. Sin embargo, al cierre de 2024, el gasto fue 854,67 millones superior a esa previsión, y aún faltan 146.521 hogares por incorporar para alcanzar el objetivo total.
El aumento del gasto contrasta con la buena evolución del empleo. España supera desde hace un año los 21 millones de afiliados a la Seguridad Social y el paro está en niveles mínimos de los últimos 17 años. Aun así, Jesús Fernández Bravo, presidente de Economistas Asesores Laborales del Consejo General de Economistas, considera que un mayor gasto en el IMV puede ser reflejo de que, aunque haya empleo, muchas personas siguen necesitando apoyo económico, lo que puede indicar precariedad laboral o sueldos insuficientes.
Fernández Bravo señala que, en un contexto de crecimiento económico, el gasto en el IMV también puede aumentar por razones estructurales, como la mayor proporción de trabajadores con empleos mal remunerados. Recuerda que el IMV es compatible con ingresos laborales, ya que su función también es complementar salarios bajos. Además, uno de los requisitos es estar inscrito como demandante de empleo, lo que refuerza su enfoque de ayuda para quienes no logran cubrir sus necesidades básicas a pesar de estar empleados.
Por su parte, Miguel Ángel García, investigador de Fedea, sostiene que, aunque cabría esperar una relación inversa entre el crecimiento económico y el número de beneficiarios del IMV, aún no se percibe claramente porque la prestación sigue en proceso de expansión. A su juicio, hay muchas solicitudes en trámite y parte del colectivo al que va dirigida la ayuda aún desconoce su existencia.
Uno de los principales problemas del IMV ha sido precisamente su limitada cobertura. Según el último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la tasa de non take up se mantiene en un 56%, cifra similar a la de los dos años anteriores. Sin embargo, esos datos corresponden a 2023 y no hay cifras actualizadas para 2024; se conocerán en el próximo informe de la AIReF.
Ante esta situación, este jueves estaba previsto que el Partido Popular presentara una proposición no de ley en el Boletín Oficial de las Cortes, instando al Gobierno a mejorar la información y difusión del IMV para reducir el non take up. Entre sus propuestas están el cruce de datos para identificar hogares vulnerables, implementar nuevas medidas de activación, garantizar la escolarización de menores en familias beneficiarias y realizar un seguimiento individualizado de los perceptores. Varias de estas iniciativas coinciden con recomendaciones que la AIReF ya hizo en julio, incluyendo el uso de datos de cotización para detectar a posibles beneficiarios y reforzar las campañas informativas.
(El Economista, 11-04-2025)
