Este martes, el Consejo de Ministros ha decidido impulsar de manera urgente el Anteproyecto de Ley para establecer la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, con el propósito de acelerar su proceso legislativo. Con esta medida, el Gobierno busca agilizar la creación de este organismo, cuya aprobación final quedó pendiente en julio pasado debido a la convocatoria anticipada de elecciones generales.
El anteproyecto, que ha pasado por audiencia pública en la segunda mitad de diciembre, ya incorpora las modificaciones respaldadas por la mayoría de los diputados en el Congreso en mayo pasado, durante el primer intento de establecer esta entidad. Dichas modificaciones abordan aspectos relacionados con su financiación y la posibilidad de impugnar las resoluciones vinculantes ante la jurisdicción civil.
Este proyecto, que recibió la aprobación definitiva en la pasada legislatura, tiene como objetivo fortalecer la protección de los ciudadanos en su papel de clientes financieros. En concreto, la autoridad pretende permitir que los clientes presenten reclamaciones de manera gratuita en el ámbito bancario, de seguros y de inversión financiera ante un único organismo, lo que se traducirá en un análisis más eficiente de los conflictos y una mayor rapidez en el servicio.
Adicionalmente, se centralizarán los actuales servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
El texto del anteproyecto detalla los objetivos y el ámbito de actuación de la nueva autoridad, así como el conjunto de entidades susceptibles de recibir reclamaciones, abarcando desde entidades supervisadas hasta servicios fintech y de criptoactivos, así como los servicios de préstamos al consumo, independientemente de la entidad que los supervise.
(Cinco Días, 24-01-2024)
