El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes la creación de 50 nuevas plazas de jueces y 42 de fiscales especializados en violencia contra la mujer, con el objetivo de afrontar el aumento de trabajo que implicará la futura ley sobre eficiencia del Servicio Público de Justicia en los juzgados de violencia de género. Esta normativa, que entrará en vigor en octubre de 2025, establece que estos juzgados también deberán encargarse de los delitos contra la libertad sexual, incluso cuando no exista relación de pareja entre el agresor y la víctima. Esta ampliación de competencias ha generado preocupación entre los jueces especializados, que alertan del posible «colapso» que podría derivarse de este cambio.
La medida es resultado de un acuerdo entre el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según fuentes gubernamentales, la ampliación representará un incremento de cerca del 50% en el número de jueces especializados en violencia de género, teniendo en cuenta que actualmente hay 116 juzgados con esta competencia.
Semanas atrás, el Ejecutivo ya había adelantado la intención de crear 50 nuevos juzgados de violencia sobre la mujer. En un primer momento, el plan contemplaba un menor número de plazas y la reconversión de juzgados de instrucción ya existentes. Sin embargo, tras las negociaciones con el CGPJ, se ha decidido priorizar la creación de nuevas unidades. Así, de las 50 plazas de jueces que se aprueban ahora, 42 corresponden a nuevos juzgados y solo ocho resultan de la transformación de juzgados de instrucción. Cada nuevo puesto de juez irá acompañado de una plaza de fiscal especializado en la misma materia.
Un informe elaborado por el Servicio de Estadística del CGPJ estima que la nueva normativa generará un aumento medio del 12,9% en la carga de trabajo de estos juzgados. Esta cifra varía en función del territorio y los recursos disponibles, situándose entre el 2,79% y el 20%.
Las comunidades donde se prevé un mayor impacto son Cataluña y Baleares, con incrementos del 20,25% y 19,60%, respectivamente. Les siguen Murcia (18,3%), Galicia (18,27%), La Rioja (17,36%), Navarra (17,19%), Castilla y León (17,17%), Cantabria (15,23%), Castilla-La Mancha (14,58%), Madrid (14,36%), Asturias (14,13%), Canarias (13,55%) y Extremadura (12,08%). Por debajo de la media se sitúan Comunidad Valenciana (8,04%), Andalucía (7,32%), Aragón (4,23%) y el País Vasco (2,79%).
El reparto territorial de las nuevas plazas se ha basado en este estudio, teniendo en cuenta también la población y el número de juzgados existentes en cada comunidad. Así, Andalucía contará con 10 nuevas plazas; Madrid con seis; la Comunidad Valenciana con cinco; Cataluña, Galicia y Canarias con cuatro cada una; Castilla-La Mancha, Baleares y Extremadura con tres; Murcia y Castilla y León con dos; y Aragón, Asturias, Cantabria y Euskadi con una plaza en cada caso.
Además, el real decreto contempla la creación de Secciones especializadas en Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia en los partidos judiciales de Madrid, Barcelona y Málaga.
(El País, 03-06-2025)
