La reforma impulsada por el Gobierno busca reemplazar el modelo tradicional de acceso a la función pública por un sistema más estructurado, en el que el Estado asuma un papel central en la organización del proceso selectivo. Este nuevo modelo contempla una prueba de acceso inicial, un periodo de formación de dos años y un examen final. Las convocatorias, requisitos y plazos para presentar candidaturas se publicarán en el nuevo Portal de Empleo Público. Aquellos aspirantes que no consigan una plaza tras completar el proceso recibirán un título oficial con valor similar al de un máster universitario.
Este cambio forma parte de una ambiciosa reforma integral de la Administración Pública, cuyo objetivo es modernizar la gestión de los recursos humanos y optimizar los servicios mediante herramientas como la inteligencia artificial. Dentro de esta transformación, una de las modificaciones más relevantes es la que afecta al sistema de selección de personal, especialmente para los altos cargos de los grupos A1 y A2, quienes actualmente acceden a través de oposiciones abiertas.
Con la reforma, se establece un proceso en tres fases: primero, una prueba selectiva inicial que permitirá filtrar a los candidatos con mayor potencial; después, una formación reglada de dos años en centros oficiales de la Administración, y finalmente un examen final que determinará el acceso a la plaza. Esta formación estará estructurada en itinerarios competenciales, medidos en créditos ECTS, adaptados a las funciones específicas de cada perfil y nivel del funcionariado.
El nuevo sistema también contempla la implementación de un Portal de Empleo Público, que centralizará toda la información sobre procesos selectivos, ofertas, perfiles profesionales, características de las pruebas, composición de tribunales y programas formativos. Además, se fomentará la creación de nuevas oposiciones para perfiles especializados, como analistas de datos o expertos en políticas públicas.
Otra novedad es la renovación del profesorado de las escuelas e institutos de formación de la Administración: los órganos de selección serán permanentes pero independientes del cuerpo docente, con mandatos de cinco años no prorrogables.
Uno de los puntos que más críticas ha generado entre las asociaciones de altos funcionarios es el mayor grado de intervención del Estado en el proceso de selección, lo que ha despertado temores sobre una posible pérdida de objetividad. Para contrarrestar esta preocupación, el plan contempla medidas como el anonimato en las evaluaciones, la creación de un registro público de preparadores y un tribunal administrativo encargado de supervisar a los órganos de selección.
Al finalizar la formación, los aspirantes deberán superar una prueba final que determinará quiénes acceden a las plazas convocadas. Aquellos que no logren aprobar, recibirán una certificación académica oficial, reconocida como título de posgrado o equivalente a un máster, en reconocimiento al esfuerzo y formación adquiridos durante el proceso.
(Expansión, 24-07-2025)
