Los criptoactivos están cada vez más cerca de dejar de ser una vía segura para quienes buscan ocultar su patrimonio de Hacienda. El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley que incorpora a la normativa española la directiva europea destinada a reforzar el control sobre el dinero electrónico. Esta normativa introduce nuevas obligaciones de información para los proveedores de servicios relacionados con criptoactivos y, además, permitirá a la Agencia Tributaria embargar este tipo de activos a los contribuyentes que tengan deudas fiscales pendientes.
Aunque el Ejecutivo ya había iniciado este proceso en septiembre, fue finalmente ayer cuando dio luz verde definitiva al proyecto en segunda vuelta. Esta ley, que traspone a la legislación española la directiva conocida como DAC8, endurece los requisitos fiscales e informativos para las criptomonedas y otros activos digitales. El texto ha sido enviado al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria, con la previsión de que quede aprobado en los próximos meses.
Una de las principales novedades es que se reconoce legalmente la posibilidad de embargar criptomonedas, incorporándolas de forma expresa como bienes embargables dentro del marco jurídico español. Esta medida se extiende también a los bienes y derechos en entidades de pago y de dinero electrónico. Desde Hacienda argumentan que esta adaptación normativa responde a los avances tecnológicos en el ámbito de los criptoactivos y busca evitar que los deudores utilicen estas herramientas para proteger su patrimonio frente a embargos.
Por otro lado, la norma pretende intensificar el control sobre la tenencia y localización de estos activos, especialmente si se encuentran en el extranjero, imponiendo mayores exigencias de información a quienes prestan servicios con criptoactivos. Además, se sustituirá el término «moneda virtual» por el más amplio de «criptoactivo».
La transposición de la DAC8 -de carácter obligatorio- incorpora a la legislación nacional el nuevo sistema de intercambio de información sobre criptoactivos desarrollado por la OCDE. Esto supondrá una mayor exigencia en cuanto a las obligaciones de reporte y diligencia sobre monedas digitales en toda la Unión Europea. La regulación afectará no solo a los proveedores de servicios de compraventa y custodia, sino también a cualquier persona que posea criptoactivos, según ha señalado Hacienda. Así, tanto residentes como no residentes deberán proporcionar la información requerida por la Administración.
Una vez aplicados estos cambios, se fortalecerá y unificará el marco normativo comunitario en relación con el tratamiento fiscal y la información sobre criptomonedas. Esto facilitará el cumplimiento de las obligaciones de cooperación entre los Estados miembros, permitiendo el intercambio de datos entre sus respectivas autoridades fiscales.
Asimismo, esta cooperación podría extenderse a países extracomunitarios con los que existan acuerdos internacionales de intercambio de información, dependiendo de lo que establezcan dichos tratados. El proyecto de ley aprobado implica la reforma de hasta cuatro normas españolas, incluyendo la Ley General Tributaria, que será modificada en aspectos como la prescripción, recaudación, cooperación entre administraciones y deberes informativos. También se prevén ajustes en las leyes del IRPF, del Impuesto sobre Sociedades, sobre la Renta de No Residentes, sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones.
Finalmente, el Gobierno aprovecha esta reforma para adaptar la normativa a la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la prescripción de la responsabilidad tributaria, estableciendo una distinción entre la declaración de dicha responsabilidad y su ejecución automática, tras las sentencias emitidas en 2023.
(Expansión, 04-06-2025)
