Las cuentas públicas actualmente en vigor, correspondientes a 2023, volverán a prorrogarse de manera automática a partir de mañana. De las once prórrogas presupuestarias registradas desde el inicio de la democracia, cinco se han producido durante los gobiernos de Pedro Sánchez.
Hubo un tiempo en el que el propio Sánchez defendía que aprobar los Presupuestos era la obligación fundamental de cualquier Ejecutivo y que gobernar sin ellos equivalía a hacerlo sin capacidad real de actuación. Estas afirmaciones contrastan con su posición actual y con el contexto político que precedió a su llegada a La Moncloa en 2018, cuando reclamó reiteradamente elecciones anticipadas a Mariano Rajoy alegando el bloqueo presupuestario. Paradójicamente, aquellas cuentas acabaron aprobándose en mayo de ese mismo año, apenas un mes antes de la moción de censura.
En la actualidad, el Ejecutivo avanza hacia su tercera prórroga presupuestaria consecutiva. Este jueves 1 de enero, los Presupuestos de 2023 seguirán vigentes de forma automática, dado que no se aprobaron nuevas cuentas en 2024 ni en 2025, ni tampoco se ha presentado un proyecto para 2026.
Se trata de la undécima prórroga en casi cincuenta años de democracia, con la particularidad de que cerca de la mitad se concentran en los siete años y medio de mandato de Sánchez. Además, en varios ejercicios el Gobierno ni siquiera llegó a registrar un proyecto presupuestario, como ocurrió en 2020, 2024 y 2025, lo que refleja la debilidad parlamentaria del Ejecutivo y la fragilidad de sus apoyos, en un escenario marcado por concesiones a sus socios nacionalistas y separatistas.
El discurso del presidente ha evolucionado de forma notable respecto a 2018. En noviembre, Sánchez aseguró que el país seguiría avanzando con o sin nuevos Presupuestos, reafirmando su intención de continuar con su agenda política y de agotar la legislatura hasta 2027. Todo ello en un contexto de creciente presión política por los escándalos que afectan al PSOE y al Gobierno. Desde la oposición, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llegado a afirmar que este podría convertirse en el primer Ejecutivo incapaz de aprobar un solo Presupuesto durante toda una legislatura.
Tras renunciar a presentar cuentas en 2024 y 2025, el Gobierno ha amagado en varias ocasiones con llevar al Congreso un proyecto para 2026. Sin embargo, estos intentos se han ido aplazando tras la ruptura política escenificada por Junts, que ha rechazado diversas iniciativas clave, entre ellas el techo de gasto y la senda de déficit y deuda. A ello se suma el aviso de este grupo de que tampoco apoyará los Presupuestos de 2026, pese a que el Ministerio de Hacienda ha puesto sobre la mesa un gasto no financiero récord de 216.177 millones de euros, un 8,5% más que el año anterior.
Aun así, el Ejecutivo mantiene la intención de presentar las cuentas para 2026. La nueva portavoz del Gobierno y ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, aseguró recientemente que el proyecto se registrará a lo largo del primer trimestre del año. Incluso en el escenario de una eventual aprobación parlamentaria, el Gobierno tendría que gestionar buena parte de 2026 con los Presupuestos prorrogados de 2023.
Para reducir los efectos de esta situación, en 2023 el Ejecutivo aprobó un mecanismo que otorga a Hacienda mayor flexibilidad para mover recursos entre partidas presupuestarias con la sola autorización del Consejo de Ministros, sin necesidad de pasar por el Congreso. Esta medida se justificó por la necesidad de agilizar la gestión de los fondos europeos.
Gracias a esta herramienta, el Gobierno ha podido sortear las prórrogas mediante ampliaciones de crédito, suplementos presupuestarios, préstamos adicionales, uso de remanentes y el aumento de la recaudación fiscal. El impacto de estas modificaciones ha sido significativo: entre enero y noviembre, y a falta de los datos definitivos de diciembre, las alteraciones presupuestarias ya alcanzaban unos 113.500 millones de euros.
Mientras tanto, la atención se centra en el nuevo plan presupuestario que prepara el Ejecutivo, que por ahora carece de los apoyos necesarios para prosperar. Los argumentos de Hacienda, que advierte de que las comunidades autónomas dispondrán de 5.500 millones menos en el próximo trienio si no se aprueba la senda fiscal propuesta, no han logrado hasta el momento superar unas reticencias de carácter fundamentalmente político.
(Expansión, 31-12-2025)
