El Gobierno se alista para lanzar una nueva y amplia convocatoria de empleo público en la Administración General del Estado justo a mitad de legislatura. Según fuentes del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública citadas por elEconomista.es, la Oferta de Empleo Público (OEP) para 2025 se aprobará en el Consejo de Ministros durante el mes de julio, descartándose así su inclusión en las reuniones previstas para junio.
Al mismo tiempo, fuentes cercanas al proceso negociador indican que el Ejecutivo estaría dispuesto a mantener la línea de crecimiento de plazas públicas que ha seguido desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, lo que hace prever que la cifra de vacantes para 2025 podría igualar o incluso superar las 40.100 de 2024, acercándose al récord histórico de 44.787 plazas aprobado en 2022.
El objetivo es repetir el calendario habitual de los últimos años, salvo excepciones como 2022 (aprobada en mayo), 2019 (marzo) y 2020 (octubre). Desde 2018, con Sánchez en el poder, las OEP se han publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) durante julio.
Los aspirantes están atentos a la publicación oficial de esta nueva convocatoria, que se prevé vuelva a estar entre las más numerosas de los últimos tiempos. Aunque los sindicatos dudan de que se alcance el volumen de 2022, consideran probable que sea muy similar al del año anterior, debido a que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) prorrogados de 2023 establecen un marco similar de gasto. En ese ejercicio se ofertaron 40.146 plazas.
Aun así, desde 2021 se han ofertado más de 30.000 puestos anuales de forma continua, lo que refuerza la idea de que 2025 volverá a registrar cifras históricas. No obstante, CCOO advierte que dentro de esos datos se incluyen también las plazas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, mientras que en la Administración General del Estado (AGE) la situación es crítica, con servicios esenciales como el 30% de las Oficinas de Extranjería sin personal suficiente, situación que ha llevado a convocar huelgas para el próximo 16 de junio.
Actualmente, el Ministerio de Función Pública está ultimando los detalles de la OEP 2025, a la espera de recibir los datos de comunidades autónomas y entidades locales. Fuentes sindicales afirman que aún no han sido convocados formalmente a negociar. Mientras que UGT cree que la reunión se celebrará la próxima semana, desde CCOO y Csif apuntan a que tendrá lugar en la última semana de junio, con la aprobación definitiva en el Consejo de Ministros en julio. Según los sindicatos, la información sobre la oferta suele proporcionarse justo en el momento en que comienzan las negociaciones.
Una de las principales demandas sindicales es que se contemplen las jubilaciones dentro de la OEP, algo que, aseguran, el Ministerio no tiene previsto incluir. Según datos de Csif y del propio Gobierno, en la última década la AGE ha perdido más de 20.000 empleados, una situación que podría agravarse si no se toman medidas, ya que un 21% del personal tiene más de 60 años, lo que equivale a casi 51.000 trabajadores en proceso de retiro.
Aunque desde 2021 se ha invertido la tendencia -ese año se registraron más contrataciones (9.640) que bajas (8.977) y en 2024 el número de nuevos empleados duplicó al de salidas-, el relevo generacional ha permitido bajar la edad media de 51 a 49 años. Actualmente, el 42% de los empleados públicos es menor de 50 años.
Ante esta situación, los sindicatos insisten en eliminar la tasa de reposición, el mecanismo que limita la creación de nuevas plazas en función de las jubilaciones previstas, ya que obliga a recurrir a personal interino para cubrir necesidades urgentes. Esto ha contribuido a que la temporalidad en la AGE se mantenga en el 30%, muy por encima del límite del 8% que exige la Unión Europea, provocando así el incumplimiento de la Ley de Estabilidad y la apertura de dos expedientes sancionadores que podrían traducirse en multas millonarias para el país.
(El Economista, 13-06-2025)
