El Gobierno español, a través del vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha propuesto en Bruselas, junto a representantes de Alemania, Portugal, Italia y Austria, reactivar una medida ya utilizada durante la crisis derivada de la guerra en Ucrania para hacer frente ahora a las dificultades de suministro provocadas por el cierre del estrecho de Ormuz.
La iniciativa del Ejecutivo pasa por volver a establecer un límite a los ingresos de las energías renovables con el fin de evitar los llamados «beneficios caídos del cielo», generados por el encarecimiento del gas. En su momento, se fijó un tope de 67 euros por megavatio hora en el mercado mayorista para estas tecnologías, una cifra muy inferior a los precios actuales en muchas horas del día en España. Esto implicaría, en la práctica, un impacto limitado principalmente sobre la eólica y la hidráulica.
Sin embargo, esta propuesta ha generado un rechazo poco habitual al coincidir en su oposición tanto el sector eólico como la industria petrolera. Desde la Asociación Empresarial Eólica (AEE) defienden que España ha logrado desvincular el precio de la electricidad del coste del gas durante el conflicto con Irán gracias al peso de las energías renovables. En este contexto, la energía eólica se ha consolidado como la principal fuente del sistema eléctrico y como un elemento clave para contener los precios.
De hecho, el precio medio de la electricidad en marzo en España se situó por debajo del del gas, evidenciando ese desacoplamiento respecto a los combustibles fósiles. Mientras el mercado eléctrico (OMIE) registró un promedio de 41,71 euros/MWh, el gas (MIBGAS) alcanzó los 52,62 euros/MWh.
Además, la posibilidad de implantar un nuevo gravamen sobre las compañías eléctricas -planteada por varios ministros de Finanzas europeos ante la Comisión- genera incertidumbre y podría afectar negativamente a las decisiones de inversión en energías renovables como la eólica, consideradas esenciales en el actual contexto energético. Desde el sector se insiste en que España necesita acelerar y reforzar sus inversiones en energía eólica, considerándolo un objetivo estratégico a nivel nacional.
Por su parte, fuentes de la Asociación de la Industria de Combustibles de España (AICE), que agrupa a compañías como Repsol, Moeve, Galp o BP, advierten de que el refino opera en un mercado global altamente competitivo y que sus inversiones implican riesgos elevados. En su opinión, introducir un impuesto extraordinario en Europa en este momento supondría una pérdida de competitividad para el sector, lo que podría comprometer la seguridad de suministro en un contexto especialmente delicado.
En el caso de España, subrayan que cuenta con uno de los sistemas de refino más avanzados y flexibles de la Unión Europea, lo que reduce la dependencia de importaciones. Aplicar nuevas cargas fiscales podría suponer renunciar a esta ventaja en un momento clave para garantizar el abastecimiento.
Asimismo, destacan el esfuerzo inversor que está realizando la industria en materia de descarbonización, con más de 16.000 millones de euros previstos hasta 2030 para impulsar combustibles renovables e hidrógeno verde. Reducir los recursos disponibles para el sector, advierten, podría dificultar el cumplimiento de los objetivos climáticos, como la neutralidad de emisiones prevista para 2050.
(El Economista, 07-04-2026)
