El Gobierno tiene previsto llevar al Consejo de Ministros, a comienzos de septiembre, la propuesta acordada hace años entre el PSOE y ERC, con la intención de aprobarla en el Parlamento antes de que termine el año. La condonación de deuda, además de aplicarse a Cataluña, podrá beneficiar a todas las comunidades que lo soliciten. Sin embargo, las autonomías gobernadas por el PP han criticado la medida, alegando que se ha diseñado a la medida de la Generalitat. Todo indica que la iniciativa volverá a tensar un terreno ya cargado de fricciones históricas y de una creciente opacidad. Y es que, mientras se negocian perdones de deuda y modelos de financiación especiales, los ciudadanos llevan casi dos años sin conocer con exactitud cuánto invierte realmente el Estado en cada territorio.
Carreteras, museos, infraestructuras de defensa, centros de investigación… El desglose de estas inversiones dejó de publicarse en 2022, cuando Hacienda retiró del plan nacional el informe que detallaba estas cifras y que había estado disponible en su web durante más de una década. En la actualidad, solo el Congreso puede acceder a esa información, que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) continúa elaborando en virtud del artículo 135 de la Ley General Presupuestaria.
Hacienda asegura que la IGAE sigue preparando el informe y que este se remite a la cámara baja, algo que también confirman otras fuentes de la Administración central. No obstante, no ofrece razones sobre por qué se interrumpió su publicación tras casi 15 años de difusión. Tampoco el Instituto Nacional de Estadística (INE), que participa en la elaboración del Plan Nacional de Estadística junto a los ministerios, da explicaciones; se limita a señalar que la responsabilidad corresponde a los organismos que generan cada informe.
La IGAE, adscrita a Hacienda y encargada de fiscalizar la actividad económica y financiera del sector público estatal, comenzó a publicar en 2009 la estadística oficial denominada Distribución territorial de la inversión del Sector Público Estatal. Sus datos han sido habitualmente objeto de polémica, sobre todo en lo referente al reparto entre Madrid y Cataluña, los dos principales motores económicos del país.
La capital suele aparecer favorecida en estas estadísticas, mientras que en Cataluña el gasto real del Estado acostumbra a ser menor de lo presupuestado. Así lo reflejó el último informe completo publicado por Hacienda, correspondiente al ejercicio de 2021 y difundido en octubre de 2022: Cataluña recibió el 9% de las inversiones regionalizables, muy lejos del 19% que le correspondería según su peso en el PIB nacional, tal como recoge su Estatut. Madrid, en cambio, acaparó el 25% de las inversiones con un PIB que ronda el 20%. También se aprecia la brecha en la ejecución: en Cataluña se gastó apenas el 36% de lo previsto, mientras que en Madrid se superó con creces la cifra inicial, alcanzando un 184%.
Un escenario similar se repitió en el primer semestre de 2024. Aunque el ministerio de María Jesús Montero ya no difunde la estadística en su web, en abril se filtraron los datos. Estos existen porque la ley que regula la Oficina Presupuestaria de las Cortes obliga al Gobierno, en su artículo 4, a enviar un informe semestral sobre el grado de ejecución de la inversión estatal. La filtración, adelantada por TV3, mostró que Cataluña había recibido un 9,8% del total, lo que volvió a desatar las críticas de los partidos independentistas, que denunciaron la baja asignación y ejecución de recursos en su territorio. Estos números encajaban con el argumento de las formaciones soberanistas sobre el déficit fiscal que arrastra Cataluña, que cifran en más de 20.000 millones de euros anuales si se suman financiación autonómica, inversiones y otros gastos territorializados.
Este ha sido uno de los fundamentos de los partidos catalanes para reclamar la condonación de deuda y un régimen fiscal diferenciado que dé a la comunidad mayor capacidad de gestión. Un debate recurrente que ha cristalizado en el pacto alcanzado entre ERC y el PSOE para conceder a Cataluña un modelo de financiación singular. Aunque todavía faltan por conocerse todos los detalles del acuerdo -clave en la investidura de Pedro Sánchez-, lo planteado se asemeja más al sistema foral de País Vasco y Navarra que al régimen común en el que están integradas el resto de comunidades.
El pacto ha encendido a la oposición, ha despertado recelos en otras autonomías y ha generado un aluvión de críticas desde ámbitos académicos. Entre las preocupaciones más repetidas está la posible ruptura de la caja común. Cataluña, una de las regiones más prósperas del país, es esencial para sostener el sistema actual, que lleva más de una década pendiente de reforma y que ya acumula fuertes tensiones internas.
(El País, 01-09-2025)
