Dos reivindicaciones tradicionales del nacionalismo catalán -la gestión fiscal propia y la limitación de la solidaridad entre territorios- han sido incluidas en las bases del nuevo modelo de financiación «singular» para Cataluña. Así lo acordó hoy la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, que reúne a los gobiernos presididos por Pedro Sánchez y Salvador Illa.
Aunque aún no se han dado detalles concretos sobre cifras ni fechas, los principios del nuevo sistema implican un cambio radical respecto al actual. Desde la Generalitat, dirigida por Illa (PSC), se subraya que este modelo podría extenderse a otras comunidades autónomas de régimen común. Sin embargo, esto no ha evitado que surjan críticas desde otras regiones, tanto gobernadas por el PP como por el propio PSOE, como es el caso de Castilla-La Mancha y Asturias.
Por su parte, ERC ha incrementado la presión sobre los socialistas exigiendo claridad sobre los beneficios económicos concretos que obtendría Cataluña con el nuevo sistema. Además, han anunciado que presentarán varias iniciativas legislativas en el Congreso para impulsar la reforma. Junts, por otro lado, ha reiterado que solo aceptará un modelo similar al concierto vasco, según declaró Antoni Castellà, uno de sus dirigentes. Estas son las claves del acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y la Generalitat:
Recaudación total de impuestos. En una fecha aún por definir, la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) asumirá todas las funciones recaudatorias que actualmente desempeña Hacienda en la comunidad, comenzando por la próxima campaña del IRPF. Este compromiso ya figuraba en el pacto de investidura entre ERC y el PSC que permitió la llegada de Illa a la presidencia de la Generalitat.
La ATC, creada en 2006 tras la reforma del Estatut, gestiona actualmente impuestos propios y cedidos, con una recaudación anual de unos 5.000 millones de euros, muy lejos de los aproximadamente 30.000 millones que Hacienda ingresa por el IRPF en Cataluña. Para reforzar su papel, ya se había acordado que participaría en la gestión del impuesto de Matriculaciones. Queda por ver si se aplicará un esquema similar para el IRPF.
El propio Govern ha reconocido que la ATC aún no cuenta con los recursos humanos ni técnicos necesarios para asumir nuevas responsabilidades, por lo que ha iniciado los procedimientos para aumentar su plantilla, aunque este proceso será gradual. Uno de los aspectos clave es que, tras la redistribución solidaria, el orden de las comunidades según su financiación por habitante se mantendría, lo que se conoce como principio de ordinalidad.
Distribución de ingresos. Una vez implantado completamente el nuevo modelo, todos los impuestos serían recaudados por la Generalitat, y posteriormente, se repartirían los fondos entre ambas administraciones en un porcentaje aún por determinar, que deberá estar regulado por la Lofca (la ley que rige la financiación autonómica). En este reparto se valorará el coste de los servicios que el Estado presta en Cataluña. Actualmente, es la Agencia Tributaria estatal quien recauda y luego transfiere una parte del IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales.
Principio de ordinalidad. La asignación de recursos a la Generalitat se realizará también teniendo en cuenta el principio de ordinalidad. La solidaridad entre territorios se mantendrá, pero con la condición de que ninguna comunidad vea reducida su posición relativa en cuanto a financiación por habitante. El sistema vigente desde 2009 ya introdujo una mejora en este sentido, al asegurar que ninguna región quedara por debajo de la media. El nuevo acuerdo pretende avanzar en esta misma línea, simplificando además el sistema de cálculo y eliminando anticipos y fondos extraordinarios.
Compensación por competencias exclusivas. El reparto descrito se aplicará a las competencias comunes a todas las comunidades, pero Cataluña dispone de atribuciones propias, como su cuerpo policial (Mossos d’Esquadra) o el futuro control de Cercanías mediante una empresa mixta con Renfe. Por ello, tras el reparto inicial de los recursos, el Estado deberá aportar financiación adicional para estas competencias específicas, en un porcentaje aún por definir. También habrá que establecer cómo y cuándo se realizarán estos cálculos.
Modelo bilateral, pero aplicable a otros. El acuerdo contempla que otras comunidades que lo deseen puedan sumarse a este nuevo modelo, aunque no se ha aclarado si se hará de forma simultánea o escalonada. Tampoco se han detallado posibles mecanismos estatales para compensar a las regiones más desfavorecidas ante la limitación de la solidaridad territorial.
Mayor capacidad normativa. El nuevo modelo fortalece el autogobierno de Cataluña. Aparte del protagonismo de la ATC, se prevé una ampliación del margen legislativo del Parlament en materia fiscal, siempre dentro de los límites de la normativa europea. También se permitirían mecanismos para evitar una competencia fiscal a la baja. En este punto, hay consenso entre socialistas, Junts y ERC al criticar las rebajas fiscales impulsadas por la Comunidad de Madrid, a la que acusan de llevar a cabo «dumping fiscal».
(La Vanguardia, 15-07-2025)
