Economía utiliza el informe sobre la ley antiopas, que registró un récord de casos en 2023, para advertir que estudia evitar «riesgos» en sentido inverso: la fuga de inversiones estratégicas. El Gobierno se plantea proteger a las empresas estratégicas españolas en ambas direcciones. No solo frente a inversores extranjeros que puedan entrar en España, sino también frente a la posibilidad de que las empresas españolas trasladen inversiones sensibles o estratégicas a países no deseados.
El objetivo de este doble control es el mismo: evitar riesgos para la economía nacional. Así se desprende del último informe sobre el control de inversiones extranjeras en España. El Gobierno ha estado elaborando este informe desde 2020, cuando, en plena pandemia, decretó la ley antiopas para proteger a ciertas empresas estratégicas españolas de inversores extranjeros depredadores.
El decreto se ha ido ampliando, tanto en duración como en alcance de los activos e inversores afectados, creando una normativa extensa que actúa como coraza para empresas clave como grandes operadoras de telecomunicaciones (Telefónica), grupos energéticos (Naturgy) o empresas industriales (Talgo), entre otros casos recientes afectados.
Hasta ahora, el debate sobre la protección de empresas estratégicas para la economía nacional se había centrado en la llegada de inversores extranjeros. El informe anual ha detallado el volumen de expedientes abiertos cada año para analizar estos movimientos, que en 2023 alcanzaron un récord.
Sin embargo, en el último informe, por primera vez, se menciona que en la UE está creciendo el debate sobre la posibilidad de establecer medidas que mitiguen riesgos relacionados con la inversión saliente, es decir, la inversión realizada por inversores de un país en el extranjero. En ese sentido, se cita el caso de Estados Unidos. «El 9 de agosto de 2023», dice el informe elaborado por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, «el presidente de los EEUU, Joe Biden, emitió una orden para regular ciertas inversiones en sectores como semiconductores y microelectrónica».
La orden establece que dichas inversiones podrían requerir autorización. El Departamento del Tesoro de EEUU, encargado de redactar las normas de implementación, emitió un aviso solicitando comentarios del público para apoyar la formulación de una propuesta normativa final. Esto es lo que se intenta activar en la UE y, por extensión, en España. En enero de 2024, la Comisión publicó un Libro Blanco que propone un enfoque gradual: una etapa inicial de consulta pública, seguida de una etapa de seguimiento por parte de los Estados miembros de las operaciones de inversión salientes con tecnologías sensibles durante un período específico, y una etapa de evaluación del riesgo basada en los resultados de la consulta y el seguimiento, que podría resultar en propuestas para mitigar los riesgos detectados si fuera necesario.
Estas medidas abarcan desde el control de las subvenciones otorgadas a una empresa, exigiendo su devolución si no se utilizan para potenciar la economía nacional o se sacan activos fuera, hasta un mayor control de exportaciones y el establecimiento de una lista armonizada a nivel europeo de sectores sujetos a la normativa y, sobre todo, de países que requieren mayor escrutinio. Las consecuencias de esta normativa son imprevisibles en un momento de creciente sensibilidad sobre cómo afecta la libertad de movimientos de capital a la seguridad económica nacional.
Casos como la llegada del grupo saudí STC a Telefónica, la opa del húngaro Magyar Vagon sobre Talgo, o la posible opa de Taqa sobre Naturgy, generan tanto revuelo como la decisión de Ferrovial de trasladar su sede a Países Bajos. La estrategia de levantar nuevos muros proteccionistas ocurre en un momento en el que la ley antiopas está en auge.
En 2023, el Gobierno recibió 129 solicitudes de autorización previa en materia de inversión extranjera, un 31% más que en 2022 y cifra récord. En 2023, la Junta de Inversiones Exteriores (Jinvex), organismo interministerial encargado de aprobar las solicitudes, también se reunió un número récord de veces: 26, siete más que en 2022. Informó de 97 solicitudes, 14 más que en 2022.
A pesar del gran número de transacciones, el Gobierno fue más flexible al aprobarlas. De las 97 solicitudes de autorización informadas por la Jinvex, 9 fueron archivadas tras su análisis y discusión. De las 88 operaciones restantes, 80 fueron autorizadas sin medidas de mitigación (condiciones), al no apreciarse riesgos significativos para la seguridad, salud u orden públicos, y en ocho casos se autorizaron con medidas de mitigación. En 2022, se impusieron condiciones a un total de nueve operaciones. Porcentualmente, se ha pasado de imponer condiciones a un promedio del 11% de las solicitudes aprobadas a hacerlo en un promedio del 8%.
(Expansión, 04-06-2024)
