Entre 2012 y 2024, la Seguridad Social ha destinado un total de 3.896 millones de euros a cubrir gastos adicionales en dependencia, pensiones no contributivas, prestaciones, el pago del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y clases pasivas, que incluyen jubilaciones de determinados funcionarios, militares y altos cargos. Así lo revela la Opinión de Riesgos Fiscales emitida la semana pasada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que analiza los gastos financiados con cargo al Fondo de Contingencia en la última década.
Uno de los principales hallazgos del informe es que, en promedio, el 43% de estos recursos se ha destinado a gastos previsibles, es decir, a partidas recurrentes que no responden a situaciones imprevistas. Esto contradice la naturaleza misma del Fondo de Contingencia, que está diseñado para hacer frente a gastos inesperados.
Aunque no es la mayor partida de gasto, el conjunto de pensiones -incluidas las de clases pasivas- y otras prestaciones ha representado el 11% del crédito total entre 2013 y 2024. En otras palabras, más del 10% del presupuesto anual ha sido destinado a estos conceptos, convirtiéndolos en la tercera mayor partida de gasto, solo superada por misiones de paz y cumplimiento de sentencias judiciales. Además, este monto ha superado los recursos asignados a emergencias como catástrofes naturales y la pandemia de COVID-19, así como a la asignación tributaria del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades.
El Fondo de Contingencia es la herramienta principal del Estado para cubrir gastos imprevistos. Se trata de un crédito equivalente al 2% del gasto no financiero del Estado, que se refleja de forma independiente en los Presupuestos Generales del Estado. Su propósito es reducir la incertidumbre y atender necesidades no discrecionales, excluyendo el financiamiento de medidas discrecionales que no cuenten con respaldo presupuestario. Su uso debe ser aprobado en Consejo de Ministros.
La ejecución del fondo varía cada año. Según el análisis de la AIReF, la media de ejecución en la última década ha sido del 84%, con un mínimo del 60% en 2018 y un máximo del 97% en 2013 y 2022. En 2024, la ejecución alcanzó el 100%, incluyendo créditos destinados a la cobertura de gastos derivados de la DANA. A lo largo del período analizado, el uso del fondo para gastos previsibles ha sido especialmente relevante en 2018, cuando representó el 73% del crédito, y en otros ocho años (2013-2019 y 2023), donde superó el 50%. La AIReF advierte que este uso reduce la capacidad de respuesta ante eventos verdaderamente imprevistos y eleva el riesgo de incumplir las reglas fiscales.
Ese 11% del gasto se reparte entre tres conceptos clave: pensiones no contributivas, IMV y clases pasivas. Pensiones no contributivas: Aunque se gestionan a través de la Tesorería General de la Seguridad Social, su financiación proviene de los Presupuestos Generales del Estado, y los fondos se reflejan en el Instituto de Mayores y Servicios Sociales. En diciembre de 2024, el número de pensiones no contributivas ascendió a 457.400, de las cuales el 62% correspondía a jubilación y el 37% a invalidez. La cifra ha ido en aumento, pasando de una nómina de 2.400 millones de euros en 2017 a 3.400 millones en 2024.
Ingreso Mínimo Vital (IMV): Desde su implementación en 2020 hasta diciembre de 2024, se han registrado 943.620 altas, lo que supone casi un millón de expedientes aprobados, beneficiando a un total de 2.805.670 personas. Clases pasivas: En diciembre de 2024, había 721.395 pensiones en vigor, lo que representa un incremento de 14.622 con respecto al mismo mes del año anterior (un 2,1% más). A pesar de ser un régimen en extinción, el número de beneficiarios sigue en aumento debido al envejecimiento de la población.
(El Economista, 21-03-2025)
