La persistente disparidad económica entre las distintas regiones ha sido un desafío para la economía española en las últimas décadas. En un intento por mitigar estas diferencias, España cuenta con un sistema fiscal progresivo que incluye varias herramientas de distribución de ingresos, entre las que se encuentra el sistema de financiación autonómica. Este tiene como objetivo reducir la brecha económica entre las personas y los territorios, proporcionando una financiación adecuada a cada ciudadano, independientemente de su ubicación. En teoría, esta herramienta, junto con el resto del sistema fiscal, debería contribuir a reducir la desigualdad en la renta per cápita bruta entre las distintas regiones… o no. Este es el caso peculiar del País Vasco, cuyo sistema de financiación privilegiado (a través del cálculo del cupo vasco) permite a sus ciudadanos mantener niveles de renta bruta disponible (los más altos de España) que apenas varían en términos relativos en comparación con su renta per cápita. El País Vasco disfruta de una financiación efectiva que más que duplica la de otras comunidades autónomas.
Todo indica que no todas las regiones están haciendo el mismo esfuerzo en términos de contribución financiera. El caso del País Vasco es especialmente llamativo, ya que, a pesar de ser una región extremadamente rica (con el segundo PIB per cápita más alto de España), aporta relativamente poco en comparación con otras. En un sistema justo basado en la capacidad de cada región (más específicamente, la capacidad de los ciudadanos que componen cada región), las comunidades más desarrolladas deberían contribuir (a través de impuestos y transferencias) con una parte de su producto interno bruto (PIB) para garantizar que las regiones menos avanzadas tengan al menos oportunidades similares. Sin embargo, esto no se cumple de esta manera, en parte debido a las deficiencias del sistema de financiación autonómica y al sistema ventajoso que disfruta el País Vasco. Si este sistema se extendiera a todas las regiones, Madrid y Cataluña podrían «ganar» miles de millones que perderían las regiones menos desarrolladas.
Para entender mejor cómo se produce esta «injusticia», es útil analizar primero los datos del PIB de cada región, es decir, lo que produce cada autonomía antes de que entren en juego las transferencias corrientes (impuestos sobre la renta o el patrimonio, cotizaciones sociales, prestaciones sociales). En términos de PIB per cápita (dividiendo todo lo que produce cada región entre su número de ciudadanos), la Comunidad de Madrid es la región más próspera de España. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, cada madrileño genera 38,435 euros de producto interno bruto (PIB). Para obtener más información, se utiliza el PIB per cápita medio de España (28,162 euros) como índice 100. Es decir, si una región tiene un PIB per cápita superior a la media de España, el índice será superior a 100, y viceversa. En el caso de Madrid, este índice es del 137.1%, superando con creces la media española.
En segunda posición se encuentra el País Vasco, con un PIB per cápita de 35,440 euros (un 126.9% de la media española). En tercer lugar está Navarra, con una renta per cápita de 33,798 euros (120.3% en comparación con el PIB de España), y en cuarto lugar está Cataluña, con una renta per cápita de 32,550 euros (índice 116% en comparación con España). Por el lado opuesto, excluyendo a Ceuta y Melilla, se encuentran Extremadura (75.6% de la media española), con una renta per cápita de 21,343 euros, y Andalucía, con una renta per cápita de 21,091 euros (74.9% de la media española). Las diferencias son notables incluso dentro del mismo país. Mientras que el PIB per cápita de los madrileños supera con creces la media de la Unión Europea (35,440 euros), el de los andaluces apenas representa el 54.87% del PIB per cápita madrileño.
Sin embargo, para mitigar estas diferencias, España cuenta con un sistema fiscal progresivo (donde más contribuye el que más gana), que incluye un sistema de financiación autonómica (con un régimen común y otro foral para País Vasco y Navarra) que, en teoría, redistribuye parte de los ingresos públicos desde las regiones más ricas a las más pobres. Además, este sistema busca que una parte significativa de la recaudación provenga de personas con menores niveles de renta y mayor vulnerabilidad.
Por lo tanto, los ciudadanos con menores ingresos se «benefician» de dos maneras: primero, en las regiones más prósperas, una mayor proporción de ciudadanos tiene salarios y rentas elevadas, lo que se traduce en mayores impuestos. Segundo, el sistema de financiación autonómica dirige directamente recursos desde las regiones más desarrolladas hacia las menos desarrolladas.
El impacto de esta distribución se refleja en un indicador clave, aunque menos destacado, pero esclarecedor para mostrar el desigual esfuerzo que realizan regiones con niveles de desarrollo similares: la renta disponible bruta. A diferencia de la renta per cápita, este indicador tiene en cuenta el saldo de las transferencias corrientes (impuestos sobre la renta o el patrimonio, cotizaciones sociales, prestaciones sociales y otros).
(El Economista, 09-01-2024)
