La reforma de los subsidios por desempleo propuesta por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa busca centrarse en fortalecer las exigencias a los beneficiarios para cumplir con sus «compromisos de actividad», instándolos a buscar activamente empleo sin rechazar ofertas adecuadas. Sin embargo, surge la incógnita de cómo se llevará a cabo esto, ya que las sanciones que llevaron a la retirada de prestaciones por desempleo o subsidios en 2021 fueron solo 351, representando el 0,26% del total de sanciones a desempleados en ese año.
La discrepancia entre Nadia Calviño y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es evidente. Mientras Calviño aboga por la propuesta de Economía, que se centra en mantener el gasto en subsidios para contener el déficit, jugando con la alternativa del Ingreso Mínimo Vital (IMV), Díaz insiste en sus planes de ampliar el número de beneficiarios, incluyendo a mayores de 45 años sin cargas familiares y reduciendo los plazos de concesión y cobro.
El Ministerio de Trabajo, además, asegura que se ampliará la contabilidad con un empleo, algo que Economía ve favorable, pero con la condición de que se traduzca en un mayor compromiso por parte de los beneficiarios de no rechazar trabajos. En este sentido, la propuesta de Economía no parece introducir una nueva exigencia, sino más bien busca garantizar un cumplimiento más riguroso, lo cual, según las cifras actuales, no parece estar sucediendo.
Los datos de 2021 resultan sorprendentes, ya que, aunque se registraron 133.444 retiradas de prestaciones por desempleo, solo 351 se debieron a rechazar un trabajo, representando un 0,26% del total de retiradas. Esto es particularmente llamativo en un año en el que se realizaron 1.488.688 actuaciones de control para verificar el cumplimiento de requisitos, y se emitieron 125,369 resoluciones por sanción, anulación, extinción de la prestación o pérdida de requisitos.
Las sanciones por rechazo de ofertas de empleo, que corresponden a incumplimientos en políticas activas de empleo, fueron de 237 por parte de las comunidades autónomas y 114 en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde la competencia sancionadora en políticas activas está atribuida al SEPE. Estas cifras sugieren la necesidad de analizar más detenidamente la efectividad y el rigor de los controles y sanciones en el sistema actual.
El escaso volumen de sanciones podría estar relacionado con la crisis sanitaria en 2021, que provocó una disminución de ofertas de empleo y, por ende, menos rechazos. La información más reciente de 2023 podría arrojar más luz sobre la situación actual y la efectividad de las propuestas de reforma.
(El Economista, 30-11-2023)
