La Justicia ha respaldado al Partido Popular en el más reciente y relevante enfrentamiento fiscal entre el Gobierno y la oposición. El Tribunal Constitucional se ha posicionado a favor del Senado, controlado por el PP, en la disputa surgida con el Ejecutivo de coalición formado por PSOE y Sumar, después de que este último se opusiera a que la Cámara Alta tramitara una ley destinada a eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Además, la decisión del alto tribunal limita la facultad del Ministerio de Hacienda para bloquear reformas tributarias que puedan modificar sus previsiones presupuestarias, sobre todo cuando dichas medidas no afectan al ejercicio fiscal vigente.
En concreto, el Pleno del Tribunal Constitucional aprobó ayer de forma unánime una sentencia, redactada por la magistrada María Luisa Balaguer Callejón, que rechaza el conflicto de competencias presentado por el Gobierno central contra el acuerdo adoptado por la Mesa del Senado en noviembre de 2023. Dicho acuerdo permitía la tramitación de una proposición de ley impulsada por el PP con el fin de derogar la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
El Ejecutivo intentó frenar esta iniciativa del Senado invocando el conocido como «veto presupuestario», una prerrogativa reconocida en el artículo 134.6 de la Constitución Española. Este artículo establece que cualquier propuesta o enmienda que implique un aumento del gasto público o una reducción de ingresos requiere del visto bueno del Gobierno para su tramitación. Sin embargo, la Mesa del Senado desestimó dicho veto argumentando que, según la doctrina del Constitucional, este no era aplicable en este caso, ya que la eliminación del impuesto estaba prevista para entrar en vigor el 1 de enero de 2024 y, por tanto, no afectaba al presupuesto del año 2023. Ante esta negativa, el Gobierno llevó el asunto ante el Tribunal Constitucional, que, pese a su mayoría progresista, ha dictaminado en contra del Ejecutivo y a favor del Partido Popular.
El alto tribunal ha concluido que «el Gobierno hizo un uso excesivo de su prerrogativa» de veto presupuestario. Los jueces recuerdan que la proposición del PP fue presentada el 26 de octubre con la intención de aplicarse a partir del 1 de enero de 2024. El Gobierno sostenía que esta medida también repercutía sobre las cuentas de 2023, ya que se esperaba que fueran prorrogadas en 2024 (lo que finalmente ocurrió), y porque podía influir en decisiones económicas de los contribuyentes, como aplazar una donación para evitar el impuesto.
Cabe señalar que el Impuesto de Sucesiones y Donaciones es un tributo estatal cuya gestión está transferida a las comunidades autónomas, por lo que su eliminación supondría una pérdida de recaudación directa de aproximadamente 3.000 millones de euros anuales (3.400 millones en 2022) para los gobiernos regionales. A nivel indirecto, esto también podría afectar al Estado, ya que las comunidades tendrían derecho a exigir una compensación por los ingresos perdidos. El impacto varía notablemente entre regiones, debido a las diferencias en la normativa autonómica. Por ejemplo, una herencia de 800.000 euros puede generar un pago de 103.134 euros en Asturias y ser completamente gratuita en Andalucía, según el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF). De igual manera, una donación por ese mismo monto puede costar 200.000 euros en Extremadura y nada en Cantabria.
Aunque el tribunal reconoce que la eliminación del impuesto podría representar una carga económica futura para el Estado, también aclara que, de acuerdo con la doctrina constitucional, el veto presupuestario solo puede aplicarse al presupuesto en vigor y no a previsiones futuras aún no elaboradas por el Ejecutivo. Los magistrados rechazan la propuesta del abogado del Estado de aplicar el veto de forma plurianual, pues eso ampliaría indebidamente una prerrogativa que limitaría el papel legislativo de las Cámaras, algo contrario al espíritu de la Constitución.
En conclusión, el Constitucional considera que el Ejecutivo abusó de su facultad de veto y sostiene que el Senado actuó dentro del marco de sus atribuciones. Este fallo podría reactivar la tramitación de una ley que suprima el Impuesto de Sucesiones en la Cámara Alta, aunque es posible que posteriormente sea rechazada en el Congreso, donde el Gobierno tiene mayoría. Con todo, el dictamen establece un límite claro al uso del veto presupuestario por parte del Ejecutivo, consolidando así una doctrina que ha sido confirmada por unanimidad por el tribunal.
(Expansión, 13-06-2025)
