El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha puesto bajo escrutinio el Plan de Recuperación diseñado tras la pandemia, justo cuando se aproxima su fecha límite de ejecución. Los auditores europeos han detectado varias irregularidades en su aplicación, centrándose especialmente en los retrasos en la entrega de los fondos Next Generation, con una mención directa a España, que acumula casi un año de demora respecto al calendario previsto. Además, se critica la persistente opacidad del proceso y las dificultades para identificar a los beneficiarios finales de los fondos, lo que eleva el riesgo de que se asignen recursos sin que se hayan completado las reformas o medidas comprometidas.
La advertencia afecta especialmente a España no solo por el desfase en los pagos, sino también porque las herramientas digitales implementadas para el seguimiento del plan no convencen a los auditores. El Gobierno español solicitó el quinto tramo de fondos a finales de 2024, incluyendo en él hitos de los pagos sexto, séptimo y octavo, pero la Comisión Europea aún no se ha pronunciado al respecto.
El primer gran retraso vino motivado por la reforma del subsidio por desempleo, que se encajó con dificultades justo al límite de los plazos en 2023. Esto llevó a la Comisión a conceder prórrogas, pero también exigió al Ejecutivo español una mayor celeridad. Aunque el cuarto pago fue aprobado en junio, el siguiente solo se pudo solicitar en diciembre, y aún está pendiente de evaluación por parte de Bruselas.
A día de hoy, mayo de 2025, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya ha asumido que no podrá cumplir con todos los compromisos, como la reforma del impuesto al diésel, ante la falta de apoyo parlamentario. Otro foco de retraso ha sido la reforma fiscal. Aunque el Gobierno la dio por concluida en junio de 2024, la Comisión consideró que no alcanzaba los estándares exigidos, lo que ralentizó la solicitud del quinto tramo de fondos.
El tiempo apremia. Todos los Estados miembro, incluida España, tienen hasta agosto de 2026 para solicitar los fondos del Plan de Recuperación. España aún tiene pendiente una parte importante tanto en lo relativo a subvenciones como a préstamos, aunque en este último caso el calendario es solo orientativo.
A pesar de que se observa cierto progreso en la ejecución del plan, los retrasos amenazan con impedir la consecución de los objetivos marcados. Buena parte de las reformas aún están por completar, y el hecho de que se desembolsen los fondos a los presupuestos nacionales no significa que el dinero haya llegado a los destinatarios reales ni se haya traducido en un impacto directo sobre la economía.
Además, el Tribunal de Cuentas europeo advierte de una desconexión preocupante entre los fondos desembolsados y los hitos realmente cumplidos. Ivana Maletić, miembro del tribunal, señaló ante los medios que a finales de 2024 se había desembolsado el 42% de los fondos, pero solo el 28% de los hitos y objetivos se habían alcanzado. Esto implica que el 72% aún debe cumplirse antes de agosto de 2026, lo que evidencia una falta de proporcionalidad entre los pagos y los resultados.
De cara al futuro, los auditores europeos piden corregir los errores observados si se pretende incluir mecanismos similares en el próximo presupuesto comunitario. Insisten en la necesidad de mejorar los sistemas de evaluación y seguimiento para asegurar que los recursos tengan un impacto tangible sobre el terreno.
En su análisis de los 16 informes emitidos desde que el fondo comenzó a funcionar en 2021, el Tribunal de Cuentas subraya varias deficiencias del modelo actual. Entre ellas, destacan la falta de enfoque en los resultados, la ausencia de información sobre los costes reales, la escasa transparencia respecto a los beneficiarios finales, la falta de claridad en las condiciones de pago y el riesgo de duplicidad con otros programas de financiación de la UE.
En resumen, los auditores concluyen que la eficiencia del gasto no puede medirse con precisión, ya que la Comisión Europea no recopila datos adecuados sobre costes ni resultados. La transparencia, la rendición de cuentas y la eficacia del instrumento siguen siendo aspectos pendientes de mejorar.
(El Economista, 13-05-2025)
